Una postura que ya tiene antecedentes

La reforma de buena parte del Derecho Canónico anunciada ayer por el Vaticano, que incluye la tipificación de los abusos a menores como “delitos contra la dignidad y la vida” entre otros cambios, se suma a la lista de medidas que el papa Francisco ha impulsado desde su entronización en 2013 para erradicar ese comportamiento de la Curia.

Uno de los puntos más concretos en la batalla contra lo que denominó como la “brutalidad de la pederastía” fue la decisión, en diciembre de 2019, de eliminar el secreto pontificio para los casos de abusos a menores.

Mediante una disposición firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa anuló el secreto pontificio para los casos que involucren “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.

La disposición de diciembre de 2019 alcanzó también a los casos de posesión y distribución de pornografía infantil, “así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas”. En ese entonces, Francisco dispuso además que a partir de ahora “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”.

El Papa se ha interesado además en escuchar la versión de las víctimas en los procesos de legislación y por eso este año formalizó la incorporación del periodista chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos por parte de un sacerdote, como miembro de la Comisión para la Tutela de Menores del Vaticano, encargada de la lucha contra la pederastía en la Curia.

Cruz, convertido en un ícono global de la lucha contra los abusos en la Iglesia, fue una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, dentro de la trama de pederastía y encubrimientos que terminó con la renuncia de todo el episcopado chileno en 2018.