Los enredos que volvieron a poner en alerta a la Rosada, y a la oposición

Por EMILIANO RUSSO

efrusso@eldia.com

La negociación del Gobierno con Pfizer volvió a poner el tema en agenda justo cuando el Ejecutivo había logrado acelerar la llegada al país de vacunas contra el Covid y, por ende, del proceso de inmunización. Mientras en el oficialismo dejaron atrás las cláusulas de “confidencialidad” y aportaron algunos detalles -aunque en cuentagotas- sobre el desacuerdo con el laboratorio norteamericano –como los requisitos demandados para regular las indemnizaciones-, desde la oposición han combinado fuertes denuncias con gestos colaborativos como el proyecto presentado ayer en Diputados para quitar la palabra “negligencia” de la ley de Vacunas que permita destrabar el conflicto.

Hoy en la oposición plantean que el impedimento de un acuerdo con Pfizer no se debería tanto a una decisión geopolítica del Ejecutivo, privilegiando su vínculo con China y Rusia, sino más bien al “secretismo” con el que se manejó desde julio del año pasado cuando se conoció que el laboratorio farmacéutico comenzaría a desarrollar la Fase 3 de una vacuna contra el coronavirus en el hospital Militar del barrio porteño de Belgrano. Las pruebas fueron exitosas al punto que en diciembre la Anmat autorizó su aplicación en Argentina.

Pero en ese entonces ya arreciaban “ruidos” en las conversaciones entre las partes y algunas versiones apuntaban contra el entonces ministro de Salud, Ginés González García, por el desacuerdo dado que habría privilegiado un entendimiento con AstraZeneca para poder fabricar su vacuna en el país. El ahora exfuncionario, en su defensa, apuntó a “condiciones” inviables que habría pedido Pfizer. En paralelo, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, comenzó a trabajar para aportar una solución legal al diferendo que no hiciera necesaria la sanción de otra ley marco, tal como aseguraban en Balcarce 50, pretendía la firma.

Empero, las conversaciones entre los funcionarios y los directivos locales de la empresa norteamericana nunca llegaron a buen puerto. Y finalmente, ante las probables demoras para hacerse de un stock de vacunas, el Ejecutivo tuvo que apurar tratativas con el Instituto Gamaleya de Rusia y con empresas chinas. Mientras tanto, Pfizer comenzó a distribuir su producción en Norteamérica, en países europeos y a comienzos de año también llegó una partida a Chile. Con el correr de los meses todos los países de la región, menos Bolivia, obtuvieron dosis de la firma estadounidense.

Desde la firma adjudicaban la falta de acuerdo en que Argentina no quería pagar los costos de logística para el traslado de la carga de una empresa privada, que tenía el “know how” para transportar dosis a 70 grados bajo cero que no comprometieran el almacenamiento de las mismas.

En abril pasado, conscientes de las críticas, en el Gobierno retomaron las negociaciones e incluso le pidieron gestiones al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, ante los ejecutivos de la farmaceútica.

En las respuestas que el jefe de Gabinete dio a los senadores en un adelanto a la visita informativa que llevará a cabo hoy en la Cámara alta, señaló como causas del diferendo al pedido de excluir la palabra negligencia no solo del contrato sino también de la ley de compra de vacunas sancionada en 2020 y atribuyó una segunda causa a “los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior”, es decir lo que comúnmente se denomina un acuerdo de “indemidad” en este tipo de contratos.

Mientras, ayer la vicepresidenta de la comisión de Salud de Diputados, Carmen Polledo (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para modificar la mencionada norma y quitar la palabra “negligencia” para así favorecer un ulterior entendimiento. “Es muy simple ya que se reformula el artículo 4 quitando esa palabra que viene trabando las negociaciones. Y como una ley modifica a otra podemos resolver este problema”, dijo a este diario. Según contó la propuesta contaría con el aval del titular de la comisión, el peronista Pablo Yedlin, pero admitió que “no sé si políticamente le va acerrar” al oficialismo sancionar dicha norma.

La legisladora también se hizo eco de los dichos de la ministra Carla Vizzotti de ayer a la mañana que había admitido que un acuerdo con Pfizer beneficiaría la futura vacunación de los niños, ya que es la única inmunización autorizada para ser aplicada en esta población.

Pero no todas han sido propuestas de colaboración de la oposición. A la denuncia de Bullrich por supuestos “retornos”, una acusación desmentida desde el laboratorio, se sumó la denuncia que diputados de Juntos por el Cambio presentaron en la Justicia para investigar “los motivos que impidieron que se celebrara un contrato con el laboratorio” Pfizer.

La escalada contra el oficialismo tuvo un sorpresivo capítulo durante la noche del último martes cuando el titular del mecanismo Covax (de la OMS), Santiago Cornejo, sugirió que el país desechó la posibilidad de incluir en la canasta de vacunas a partidas de Pfizer. Rápidamente la acusación fue rechazada por la propia Vizzotti y ayer por la mañana, en su conferencia de prensa matinal, presentó una carta del directivo en el que aclaraba que “Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar” con ese proceso.

Con resignación, Vizzotti pidió “bajar la obsesión con Pfizer”. Lo que no dijo es de qué manera ahora se podría encaminar la negociación.