A Picolotti se le imputó la utilización de fondos públicos para la adquisición de pasajes aéreos para su madre, sus hijos, su esposo, la prima de éste, y otros allegados -algunos de los cuales se desempeñaban bajo su órbita-, los cuales eran registrados en los sistemas contables bajo el concepto de “desarraigo” o carecían de justificación, según el fiscal. También se le acusó por la contratación de vuelos privados con fines ajenos a las funciones de la Secretaría de Ambiente.
Entre esos gastos con dinero del Estado, el fiscal también comprobó comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios.
En su alegato, el funcionario acusador expuso las facturas de varios de ellos. Uno de los gastos que más le llamó la atención, según trascendió, es de 77,50 pesos en “Hooters”, un bar que era atendido por mujeres semidesnudas .
Hasta ayer en el final del juicio oral, la exfuncionaria negó los cargo y aseguró que no había pruebas que demostraran los delitos que se le imputaban. Además, su defensa cuestionó las facturas presentadas y que no se hubiera hecho un peritaje.
“No cometí ningún delito”, insistió Picolotti, desde Miami, donde vive, según dijo por “cuestiones laborales”.
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