Deuda con las obstétricas: aunque salvan vidas, una vieja ley limita sus tareas y las relega a un rol menor

Aunque está probado desde hace décadas que la tarea de las obstétricas permite reducir las tasas de mortalidad materna por complicaciones evitables en el embarazo y ayuda a prevenir embarazos no deseados entre adolescentes, en gran parte de Argentina, donde ambas problemáticas determinan la vida de miles de familias, las licenciadas en Obstetricia se hallan relegadas a cumplir un rol menor.

Para revertir esta penosa contradicción, el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) acaban de lanzar una campaña destinada a a que se sancione una ley que reconozca la autonomía de la obstetricia como una especialidad en el campo de la salud y no como una labor auxiliar. Los impulsores de la iniciativa aseguran que con la regulación profesional de la Obstetricia se podría proveer el 87% de los servicios esenciales, y evitar miles muertes o complicaciones durante el embarazo en nuestro país.

“Hay sobradas evidencias que muestran que cuando las obstétricas cumplen un rol relevante en las políticas de salud sexual y salud reproductiva se logra avanzar en metas difíciles, como la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia o el acceso a la anticoncepción post parto y post aborto. Las obstétricas salvan vidas, ayudan, cada día en cada uno de los servicios, a prevenir la mortalidad materna y podríamos hacer mucho más si se reconociera el rol que pueden cumplir y para lo que son capacitadas”, explica Mariana Isasi, la referente del Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina.

La campaña invita a utilizar en las redes sociales el hashtag #DeudaConLasObstétricas para apoyar la sanción de la ley que busca incorporar cláusulas de actualización que promuevan mejores condiciones para la práctica igualitaria de la actividad en todo el país.

UNA LEY CON MAS DE MEDIO SIGLO

Aunque en las últimas décadas, la mortalidad materna en el país descendió notablemente, muchas mujeres siguen muriendo por complicaciones evitables en el embarazo y el parto. En 2019, por ejemplo, se registraron 30 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, una cifra que se vio duplicada en las provincias del norte argentino. A su vez, cada año se registran más de 70 mil nacimientos de embarazos de niñas y adolescentes; el 70% de los cuales son no intencionales.

Pese que a muchos de esos casos podrían evitarse permitiendo que las obstétricas realicen tareas para las cuales se formaron, la norma que regula su actividad a nivel nacional -la Ley 17.132 sancionada en 1967- no reconoce su autonomía profesional ni considera el acceso a métodos anticonceptivos, la consejería en salud sexual y reproductiva, ni la asistencia pre, durante o pos eventos obstétricos, entre otras incumbencias.

LE PUEDE INTERESAR

Galileo Galilei: a 30 años de un tardío mea culpa

LE PUEDE INTERESAR

Impulsan otro refuerzo contra el coronavirus

En ese escenario, si bien 22 de las 24 jurisdicciones tienen sus propias regulaciones sobre la profesión, lo cierto es que las competencias y la autonomía profesional reconocidas varían ampliamente entre ellas. De ahí que el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Cedes, entre otras organizaciones y colegios profesionales, consideran “impostergable” la sanción de una ley que promuevan mejores condiciones para la práctica igualitaria de la actividad en todo el país.

“Las obstétricas salvan vidas, ayudan cada día en cada uno de los servicios a prevenir la mortalidad materna y podríamos hacer mucho más si se reconociera el rol que pueden cumplir y para lo que son capacitadas”

Mariana Isasi
Referente de la UNFPA Argentina

“DEUDA POR DISCRIMINACIÓN”

En medio de estas inexplicables desigualdades, las organizaciones que impulsan la campaña advierten sobre otra que no es menor. “Más del 90% de quienes ejercen la profesión son mujeres, y esto determina muchas cuestiones como la precarización, no haber sido reconocidas en su rol en los servicios de salud”, señala Mariana Isasi.

“Como la mayoría de quienes ejercen la profesión son mujeres, el reconocimiento de la autonomía y responsabilidad de la atención no siempre se consigue -agrega-. Es una deuda motivada por discriminación en torno al género, que se convierte en una etiqueta que mide la valía profesional”.

DISPARIDAD DE NORMATIVAS

“Todas las normas internacionales de los organismos rectores de la salud pública reconocen el importantísimo rol que juegan las obstétricas en la promoción, la prevención y el tratamiento de algunos problemas en la salud de la persona gestante, la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva”, afirma la socióloga Silvina Ramos, investigadora titular de Centro de Estudio de Estado y Sociedad al señalar el costo que tiene la ausencia de una norma que reconozca su autonomía a nivel nacional

Y es que la disparidad de leyes provinciales en la materia tiene consecuencias en diversos aspectos como por ejemplo la participación en el parto: la mayoría de las regulaciones emitidas desde 2010 permiten a las obstétricas conducir, realizar y completar este proceso sin intervención de otros profesionales cuando se trate de partos de bajo riesgo, pero no sucede lo mismo con las normativas previas.

Tampoco hay una indicación común sobre la prescripción, entrega o colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, ya que sólo en la mitad de Argentina las obstétricas están habilitadas para realizar esas prácticas.

A su vez, está ausente en la mayoría de las provincias la regulación sobre el servicio de consejería en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva.

“Todos los organismos rectores de la salud pública a nivel mundial reconocen el importantísimo rol de las obstétricas en la promoción, la prevención y el tratamiento de algunos problemas durante el embarazo, y la salud repreductiva y sexual”.

Silvina Ramos
Socióloga e investigadora

“Hay una incongruencia entre la formación, la praxis y la ley”, señala la licenciada en obstetricia Lidia Regina Fain, quien remarca que en las actividades muchas de sus colegas cotidianas cumplen, sin reconocimiento, “más tareas de las que estipula la norma”.

La regulación actual en nuestro país es “muy variada en las distintas jurisdicciones. Algunas provincias tienen leyes que vienen de las décadas del ‘60 o ‘70, donde la obstetricia era una práctica auxiliar de la medicina”, comenta la abogada e investigadora Sonia Ariza Navarrete.

“Lo que se consideraba un parto de ‘alto riesgo’ en la década del ‘60 no es lo mismo que hoy en día. Las normas están desactualizadas. No incorporan los métodos anticonceptivos o la provisión de consejerías en materia de salud sexual”, advierte.

Las obstétricas tienen la formación para prestar cerca del 90% de la atención que se requiere

La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y la ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones que se encuentran en lo que la especialista definió “primera ola regulatoria”, perteneciente a esas décadas. Por otro lado, una segunda ola regulatoria apareció a partir de 2010 donde las provincias comenzaron a regular de manera autónoma el ejercicio de la obstetricia.

Esta “nueva ola” cuenta con 14 jurisdicciones que reconocen la importancia de la participación de la obstetricia en prácticas fundamentales: Neuquén, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Misiones, Chaco, Chubut, Mendoza, Formosa y Santiago del Estero.

“Para una persona en Argentina no es lo mismo ejercer la profesión en una provincia o en otra, porque las competencias que tienen reconocidas son distintas. Esa variación hace que sea muy desigual tanto el ejercicio de la profesión como el acceso a la salud reproductiva en las distintas provincias del país”, concluye la abogada.

Con el antecedente de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto para regular el ejercicio en 2019, que perdió estado parlamentario en el Senado, las organizaciones impulsoras le han ofrecido asistencia técnica al Congreso para promover un proyecto que homogenice la normativa y la armonice con los parámetros internacionales, lo que también “permitiría un mayor y mejor acceso a la atención de la salud de la población”.