El foco puesto en el resguardo de la privacidad

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la porteña se presentaron recientemente como “amicus curiae” en la causa judicial iniciada por Natalia Denegri contra Google, en la que la ex modelo reclama que se aplique el “derecho al olvido” y que el buscador la desvincule de contenidos de televisión y fotos de la década del ‘90.

En sendos escritos presentados, se señala que el encuadre normativo para dar solución a la cuestión en debate está en el campo del “hábeas data”, y que por ello resulta apropiado “la desindexación o el deslistado de la información personal”.

La Justicia le dio la razón a Denegri en primera y en segunda instancia, pero Google apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que, más allá de la determinación a tomar, establecerá un estándar sobre si las personas pueden pedir a los buscadores que dejen de exponer noticias del pasado que consideran perjudiciales.

“Tenemos derecho a la protección de la privacidad, reconociendo la dignidad de las personas y la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas a la vida privada”, destaca el escrito de la Defensoría bonaerense, y manifiesta que “los derechos en materia de datos personales también deben garantizarse por el entorno digital, para que las personas puedan controlar qué acciones realizan terceros con su información”.

Entre las conclusiones del documento, se expresa que “sabemos que es un caso complejo, pero el Tribunal se encuentra frente a una indudable oportunidad para discutir los desafíos que impone el entorno digital en relación con la protección de los datos personales”.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, sostuvo que “la Corte tiene en sus manos un caso que va a fijar la dinámica de desempeño de los derechos humanos en el presente y futuro” y planteó que se “contemple la trascendencia social de esta decisión”.

En tanto, la defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, indicó que “en estos tiempos en que la tecnología invade nuestras vidas, el ‘derecho al olvido’ se torna fundamental para proteger el derecho al honor y a la intimidad de las personas”. Además, consideró que “la revolución de las nuevas tecnologías es una realidad con la que convivimos a diario y nos obliga a repensar las regulaciones jurídicas para que podamos desarrollar libremente nuestro plan de vida sin injerencias externas”.

 

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