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Hizo lugar a una medida pre cautelar solicitada por un diputado del Frente de Todos
El Juzgado Federal 2 de Paraná firmó hoy una "medida cautelar interina o precautelar" solicitada por el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto, en la cual ordena a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación que se abstengan de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura.
"El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006", expresó el diputado entrerriano a través de sus redes sociales.
Casaretto recordó que el jueves de la semana pasada el Senado dio media sanción a "un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional y la participación de la oposición".
De no lograrse una aprobación en la Cámara baja antes del viernes, ambas Cámaras del Congreso deberían designar a un representante cada una para completar la nueva integración del organismo que complete los 20 consejeros, según dispuso un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Esa nueva composición es la que volvería a tener vigencia en caso de que el Congreso no sancione la ley en el plazo establecido por la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la norma que actualmente está vigente.
Al tanto de la medida precautelar, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, tuiteó que "el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley".
SORIA LE APUNTÓ A LA CORTE
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó hoy de "verdaderamente increíble" la decisión de la Corte Suprema de Justicia de fijar 120 días para que el Consejo de la Magistratura se integre con 20 miembros en lugar de los 13 actuales con la presidencia a cargo del alto tribunal, o que el Congreso aprobara una ley al respecto, plazo que vencerá este viernes, al atribuirse "facultades legislativas".
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"Lo dije el 16 de diciembre pasado cuando la Corte Suprema dictó este fallo verdaderamente increíble, arrogándose facultades legislativas, facultades que como todos sabemos tiene el Congreso de la Nación. Los únicos que pueden dictar leyes son los senadores y nuestros diputados nacionales, que para eso los elige el pueblo" dijo Soria en rueda de prensa en Casa Rosada.
Tras la firma de un convenio entre las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa de Moneda, el inicio del Plan de Digitalización del Fondo Documental de la ex SIDE, que funcionará como herramienta técnica para garantizar el acceso a la documentación de ese organismo relacionada al Terrorismo de Estado, Soria señaló que "lamentablemente la Corte, a fines del año pasado, decidió revivir una ley derogada hace más de 16 años".
"Tenemos que plantearnos como sociedad, como país, qué pretende la Corte al generar este revuelo institucional, donde se entromete en facultades legislativas que no le son propias, para directamente meter por la ventana al actual presidente de la Corte (Horacio Rosatti), que es uno de los dos jueces designados por (el expresidente) Mauricio Macri por decreto", señaló el ministro.
"El fallo se está cumpliendo el próximo viernes y será operativo a partir del lunes seguramente, y va a suceder lo que algunos anunciábamos cuando dictaron este fallo allá en diciembre pasado, van a intentar paralizar el Consejo de la Magistratura", añadió.
Soria manifestó que "es el organismo que no solamente está llamado a elaborar los pliegos, las ternas, tomar los concursos, sino también a administrar los recursos y los fondos del Poder Judicial".
"Estamos hablando de más de 70 mil millones de pesos, cuando todos sabemos que el presupuesto de la Corte es de $10 mil millones. Me parece raro que un organismo como la Corte, que todavía no puede explicar cómo administra su propia obra social, esté tan desesperada para administrar $70 mil millones del Consejo de la Magistratura", apuntó.
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