Piden que el Tribunal de Cuentas tenga autarquía financiera

En el marco del debate por la designación del futuro presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, emergió una discusión adicional que tiene que ver con la autonomía funcional del organismo. En ese marco, el gremio que nuclea a los trabajadores del mismo salió a plantear la necesidad de que, aprovechando el trámite legislativo que se avecina, se contemple dotarlo de autarquía financiera para así garantizar su independencia de aquellos a los que debe controlar.

A través de una carta dirigida a la titular del Senado, Verónica Magario, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), insistió en su planteo para que el organismo encargado de controlar las cuentas de la Provincia y los municipios logre “autonomía funcionar y autarquía financiera”.

El reclamo surge en medio de las versiones que indican que se avanzaría con una reforma a la ley que rige el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para que el próximo presidente deba de compartir decisiones vinculadas a erogaciones y gastos con los cuatro vocales que integran la conducción. Esa sería una de las condiciones planteadas por la oposición y por el propio oficialismo para allanar el camino al desembarco de Federico Thea en la presidencia, el candidato impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

“La potestad fundamental que debe tener el organismo que audita y juzga las cuentas públicas, en este caso el Tribunal de Cuentas, no la tiene. Es pertinente destacar que en cualquier país avanzado del mundo no existe organismo de contralor que no cuente con autonomía funcional absoluta y autarquía financiera. Lamentablemente, las últimas modificaciones realizadas a la Ley Orgánica no le dieron esta atribución que es clave para que la tarea de auditoría y juzgamiento se haga con total independencia del poder controlado, más precisamente del Poder Ejecutivo bonaerense”, señaló APOC.

El gremio que conduce Pedro Fernández recordó que en 1994 la Constitución provincial recogió estos postulados al instaurar la figura del Defensor del Pueblo, “y dota al organismo con estos instrumentos para que a la hora de defender a los ciudadanos pueda hacerlo libre de todo condicionamiento, sabiendo que con sus decisiones puede afectar intereses poderosos”. Y añadió: “Esta necesidad de independencia tiene aún mayor exigencia cuando el trabajo sistemático y único es analizar conductas y comportamientos de personas que siempre son altos funcionarios públicos que utilizaron dineros de los bonaerenses”.

En ese marco, el gremio propuso que el presupuesto del Tribunal de Cuentas se fije en un 0,15% del total de erogaciones corrientes y de capital del Presupuesto de la Provincia.