La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Quinteros, productores agropecuarios en general, countries, industrias y comercios tendrán que mirar con atención la otra boleta que deben pagar por el agua: la que toman de las napas subterráneas o los cursos superficiales. Eso porque la Provincia acaba de hacer oficial un nuevo esquema de criterios con los que definirá el canon aplicable a quienes usan el recurso natural en función de un objetivo económico.

Según se argumentó desde la Autoridad del Agua (ADA), organismo de la órbita del Ministerio de Infraestructura, la medida “actualiza la fórmula para el cálculo del canon por el uso y explotación”, en la dirección de “ajustar el valor a características reales, promoviendo un uso más eficiente y equitativo de un recurso esencial y limitado”. Se precisa que son objeto de la medida “usuarios no domiciliarios que explotan el recurso con fines productivos o en desarrollo urbanos privados, quedando excluidos los hogares particulares”.

La actualización de valores, a partir de una nueva fórmula no llega sola. En noviembre del año pasado, el mismo organismo emitió la Resolución Conjunta 872/250, por la que se creó el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Ese es el primer paso que se debe dar, según la normativa, para usar agua que no venga por la cañería de una red pública. Hay que esperar la autorización de la Provincia y luego ir a pagar a la Autoridad del Agua las boletas que comenzarán a llegar si el planteo se acepta. También en esos días del año pasado salió la resolución 1742/25 que modificó los procesos para los trámites de obtención de esos permisos.

Este diario realizó consultas entre especialistas en temas hídricos y también en el sector productivo. Mostraron sorpresa. ¿En el cordón hortícola se paga por el agua?, preguntó este diario a un referente local y respondió que “no por ahora”. Aunque luego, apuntó que “es posible” que en algún campo se pague. El área productiva se extiende por alrededor de 5 mil hectáreas en las que hay cerca de 3 mil establecimientos flori-frutihortícolas. Desde la Autoridad del Agua se respondió que están dentro del marco normativo, como las industrias, comercios y countries.

Sólo en La Plata hay un poco más de 400 countries y barrios cerrados. La gran mayoría, en la periferia y fuera (total o parcialmente) del radar municipal y provincial, lo que dio lugar a clausuras en 2025 y derivó en un cambio de normativa sobre planeamiento urbano.

En 2022 la gestión comunal impulsó un proyecto ante el Concejo Deliberante que buscaba regular las perforaciones y uso del suelo en el cordón verde. La idea, se dijo, era proteger el acuífero Puelche. No prosperó en un escenario de críticas fuertes y movilización de quinteros a la Municipalidad.

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El nuevo régimen publicado ayer en el Boletín Oficial, viene a modificar una normativa que fue creada en 2013. También, un modo de acción oficial ante el uso del agua que -se indicó desde la Autoridad del Agua-, tuvo un cambio de intensidad desde 2024. Como evidencia de eso se enlistó a los cambios en la normativa en estos meses y fiscalizaciones “en el territorio” provincial.

La actualización de las facturas (aún no dimensionada en cálculos de usuarios y funcionarios) dependerá ahora de una nueva fórmula que combina aspectos cuantitativos y cualitativos. “Incorpora variables como el caudal declarado, la fuente de extracción (superficial o subterránea), el tipo de usuario, el factor de retorno y la disponibilidad hídrica regional, entre otros parámetros”, se indicó. En particular, se mira ahora la magnitud del emprendimiento.

Se calcula que habrá más ingresos a través de la nueva fórmula. “Los recursos generados a través del canon se destinan al sostenimiento de las tareas de medición, planificación, monitoreo y control que realiza la ADA, fundamentales para garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo”, se indicó.

Claudio Velazco, ingeniero especialista en temas de hidráulica, analizó que “aparentemente, con este Decreto 3233/25 se actualiza la forma en que se calcula el canon por el uso del agua y se redefine cómo se lo debe aplicar, dando mayor protagonismo a la Autoridad del Agua y estableciendo criterios más diferenciados según el tipo de usuario y las características del recurso en cada región”.

Sobre el escenario en el que incide, opinó que el esquema anterior “presentaba inconvenientes en la fórmula de cálculo del canon, ya que no era representativa de diferentes variables reales, y a su vez sus cálculos no contemplaban actualizaciones acordes a la realidad económica imperante, o sea pasaban a ser cánones desactualizados”.