El Gobierno le sumó a la Vicepresidenta respaldo de países aliados

El Gobierno difundió ayer una nueva “declaración de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner”, firmada por el presidente Alberto Fernández junto a los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro y de Bolivia, Luis Arce.

En el comunicado, los cuatro jefes de Estado manifiestan su “más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo” la Vicepresidenta, para quien el fiscal Diego Luciani pidió el pasado lunes una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó el país entre 2007 y 2015.

Según interpretaron los mandatarios de la región, esta “persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

Agregaron que “el acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”.

Eliminarla de la vida política

Los presidentes firmantes señalaron además que en los últimos años “el poder judicial ha abierto numerosas causas” en contra de Cristina Fernández, “muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”, mientras que en otras causas aún abiertas “se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política”.

Entre estas investigaciones, apuntaron, está la denominada “causa Vialidad”, por la que la exmandataria es sometida a juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales para presuntamente favorecer al empresario Lázaro Báez.

El lunes, en su alegato final, el fiscal Luciani pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite de manera perpetua para desempeñar cargos públicos.

El fiscal considera que está probado que Cristina Kirchner fue la “jefa” de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.

La Vicepresidenta argumentó que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones, al defenderse públicamente en redes sociales el martes, luego de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

Derecho de defensa

Para los presidentes que ayer firmaron el comunicado de respaldo, el tribunal vulneró el legítimo derecho a la defensa de Fernández.

“Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos”, concluyó la declaración conjunta que el presidente Alberto Fernández compartió en sus redes sociales.

Poco después de esa publicación, la Casa Rosada llamó de urgencia a una conferencia de prensa encabezada por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. La convocatoria, se supo después, tuvo como único fin la lectura de la misiva por parte de Cerruti. La conferencia duró apenas 2 minutos con 40 segundos y no se aceptaron preguntas.

Esta nueva muestra de respaldo del Presidente hacia la Vice llegó a solo dos días de la primera carta que difundió la Rosada el lunes, minutos después de que se conociera el pedido de condena contra Cristina.

Entonces, el jefe de Estado lamentó que se trataba de “un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y, tras las desavenencias que han sido moneda corriente a lo largo de su mandato, afirmó: “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la Vicepresidenta”.

Además, trascendió que el mismo lunes Alberto llamó por teléfono a Cristina para solidarizarse con ella en forma personal. Y en ese diálogo, que habría servido como tregua a la tensa relación de la pareja presidencial, quedaron en volver a verse las caras en el corto plazo, según confirmaron fuentes del Gobierno.