Con el piquete realizado en horario central sobre avenida 7 y 46 -es decir en pleno centro de La Plata- por parte de un grupo de vendedores ambulantes, para protestar contra los operativos que se realizan para erradicar la venta ilegal en las calles, pareció tocarse anteayer por la tarde con una suerte de punto límite.

Sucedió además, que no pocos conductores -entre ellos el chofer de un colectivo- decidieron seguir de largo, pese a los cajones y otras vallas que los manteros colocaban para impedir el tránsito. Más tarde harían lo mismo automóviles particulares y taxis. Durante largos minutos, entonces, la esquina fue escenario de una verdadera ruleta rusa, en donde la vida y la integridad física de muchas personas estuvo en juego.

Como se ha dicho, un grupo poco numeroso de puesteros tomó la decisión de interrumpir el tránsito a raíz del último procedimiento de los inspectores municipales en el que se les confiscó mercadería. Quienes encabezaban la protesta inducían a otros manteros que se encontraban en la vereda a que se sumaran al piquete.

Al mismo tiempo, agentes de Control Ciudadano acudieron al lugar. Así, pasadas las 10,30 el tránsito se había liberado, aunque persistía la tensión por el retiro de uno de los puestos de fruta que se ubica habitualmente en la esquina de 7 y 46.

Se ha dicho ya en otras oportunidades en esta columna: mientras en muchos distritos del Gran Buenos Aires la venta ambulante está prohibida –y se hace cumplir a rajatabla esa ordenanza. La Plata se ha convertido en la “tierra prometida” para quienes ejercen esta actividad informal. Al enterarse de la permisividad existente en la capital bonaerense, centenares de puesteros llegan atraídos desde puntos lejanos. Desde luego que, atrás de este fenómeno, existen organizaciones mafiosas que regentean la actividad.

Conjuntos de ropa con marcas falsificadas, zapatillas, relojes, bijouterie, la temeraria venta de anteojos de sol y lentes con supuestas dioptrías que son rechazados por los oculistas , cargadores, auriculares y otros artículos electrónicos, vajillas, artículos de limpieza y hasta puestos con venta de alimentos forman parte de la profusa, indiscriminada y en algunos casos peligrosa oferta de los puesteros. Muchos de esos productos, contrabandeados.

La venta ambulante -manejada por organizaciones delictivas, perfectamente estructuradas- también se aprovecha de la necesidad de trabajo de mucha gente, a la que somete a condiciones laborales y de vida que vulneran derechos humanos elementales.

De la informalidad se derivan muchos más perjuicios que ventajas. Es el Estado el que debe buscar alternativas laborales en forma urgente para los puesteros. Y son las arcas públicas las que dejan de percibir voluminosos recursos tributarios, correspondientes a las miles de operaciones informales que se realizan en la Ciudad, de modo que esos tres estamentos del Estado -Municipalidad, Provincia, Nación- deberían actuar en forma conjunta para poner las cosas en orden.

Como convidados de piedra de esta historia se encuentran los comerciantes regulares, aquellos que luchan contra viento y marea para no bajar sus persianas, que pagan salarios al personal -se habla de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos en riesgo-, que tributan también impuestos cada día más gravosos, que enfrentan el pago de tasas sociales y alquileres, que luchan contra una inflación desbordante y frente a múltiples obligaciones relacionadas a los variados requisitos que deben cumplir.

Mientras tanto, el comercio ilegal se sigue expandiendo en muchos lugares de la Ciudad. Y ahora, además, hace piquetes.