Merecen reprobación las amenazas al expresidente, a un fiscal y a un periodista

Cualquier tipo de intento de atentado y de amenazas por razones políticas que se produzcan en el país merece el más enérgico repudio de toda la sociedad, en una situación que quedó definitivamente en claro en décadas recientes, cuando la Argentina vivió una lamentable y trágica experiencia institucional entre 1976 y 1983.

Por consiguiente, no sólo es primordial que no se retorne a esas oscuras épocas, sino que se alcen voces desde todos los sectores democráticos para condenar el accionar de quienes en estos días buscan, por estas vías, atentar contra pautas básicas de la convivencia civilizada.

Hace pocas jornadas en está columna se reprobó el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que está siendo investigado por la Justicia y, en las últimas horas, se conocieron además, denuncias de haber recibido amenazas por parte del ex presidente Mauricio Macri, el fiscal federal Diego Luciani y el periodista Eduardo Feinmann.

El fiscal de la justicia federal interviniente en el caso del ex Presidente requirió una serie de medidas de prueba para intentar establecer quiénes administraban el usuario @Luisanfer2442, ya suspendido en la red social, desde donde se publicaron las amenazas denunciadas.

“¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, fue el mensaje publicado por la cuenta investigada el 1 de septiembre, horas antes del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Fernández de Kirchner, que la custodia del ex mandatario denunció en los tribunales federales de Comodoro Py.

Según se detalló ayer en este diario el Fiscal recibió a través de la aplicación Whatsapp otros tweets publicados por el usuario @Luisanfer2442 en los que se profieren amenazas contra Luciani y el periodista Feinmann, entre otros, por lo que sumó esos elementos a la investigación.

Cabe señalar que, en ese marco, el presidente Alberto Fernández condenó de manera “enérgica” las amenazas que recibieron Macri y algunos magistrados judiciales y alentó que el hecho “se esclarezca rápidamente”. En igual sentido se manifestaron el ministro del Interior y dirigentes políticos de la oposición.

Se ha dicho siempre en esta columna que el sistema constitucional y legal no sólo reconoce las muchas vías existentes para que cada ciudadano exprese sus opiniones con libertad, sino que, también, prevé sanciones penales correspondientes para quienes procuren censurar esos derechos naturales y que, asimismo, agravan el delito cuando acuden a las amenazas de muerte, a los escraches y a otras maniobras coercitivas.

Nuestro país no debe permitir en modo alguno estos agravios que, en definitiva, no son más que intentos de retroceder hacia formas despóticas y antidemocráticas. La Argentina vivió una profusa y lamentable experiencia en épocas anteriores. Es primordial, entonces, que desde todos los sectores se alcen voces para condenar el accionar de quienes buscan por estas vías atentar contra el sistema democrático y las pautas básicas de una convivencia civilizada.