Ataque a Cristina Kirchner: ya apuntan a “responsables políticos”

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, sospecha que en el fallido magnicidio que Fernando Sabag Montiel intentó contra ella la noche del 1º de septiembre hubo “responsabilidades políticas” que quiere que se investiguen. Así lo hizo saber ayer su abogado, José Manuel Ubeira, quien presentó en la Justicia un escrito solicitando una serie de medidas de prueba avaladas por la ex presidenta.

Lo que busca la Vicepresidenta es determinar “quiénes financiaron” el ataque en su contra e identificar “si hubo alguna organización detrás del mismo”.

La querella pidió también conocer “quién está por arriba del detenido Nicolás Gabriel Carrizo”, último detenido por el ataque y jefe de “la banda de los copitos”, como se denomina al grupo que comercializaba algodones de azúcar.

Según trascendió de fuentes judiciales, el equipo de abogados que representa a la Vicepresidenta aportó un dato “sensible” al expediente vinculado con un posible nexo de Carrizo y solicitó que sea investigado en un legajo reservado.

Del celular de Carrizo surgieron los últimos días conversaciones en las que se hablaba de matar a la expresidenta con otra de las imputadas, Brenda Uliarte, que a su vez es pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó concretar el asesinato.

Carrizo fue detenido por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti luego de que en su teléfono móvil se encontraran chats anteriores al fallido ataque en los que ya mencionaba la idea de matar a la Vicepresidenta y otros posteriores vinculados con la voluntad de ocultar material probatorio. Incluso, hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el atentado.

“Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien”, se lamentó el acusado en un intercambio de mensajes que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como “Andrea”.

Cuando le preguntaron por estas conversaciones, en el marco de su indagatoria, Carrizo se excusó: “Yo se lo juro por Dios, yo lo que quería hacerles creer a Andrea y a mi hermanastro era que esto era un plan, con fines de joder, hacer show, no era en serio, no existe esa arma no hay nada. Investiguen, fíjense, yo nunca estuve cerca ni de la casa de Cristina. Yo no tuve nada que ver”.

Por otra parte, la jueza Capuchetti rechazó ayer el planteo presentado por la defensa de Carrizo para que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria y como testigo.

Expulsan a asesora

Por otra parte, la diputada Karina Bachey, miembro de Juntos por el Cambio, decidió ayer despedir a una asesora, Dra. Brenda Salva, por ser abogada de uno de los detenidos por el atentado cometido contra la Vicepresidenta, algo que le había reclamado el grupo parlamentario oficialista.

Salva es, junto a Gastón Marano, abogada de Nicolás Carrizo. Según especificó Bachey en su carta, llegó a su equipo de trabajo como “asesor externo” en mayo de 2022 para realizar asesoramiento en “temas de discapacidad, continuando su profesión libremente en el ámbito privado”.

“Desde mi lugar como dirigente político corresponde velar por el esclarecimiento de este hecho y por la paz social”, agregó para justificar el despido.