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En la práctica no debe quedar ninguna zona de la Región -sea en las áreas céntricas como en los barrios y localidades de la periferia- cuyos vecindarios agobiados por el delito no se hayan reunido de manera frecuente con autoridades policiales para analizar el tema de la inseguridad que los acosa. Se sabe que en esos encuentros el reclamo principal fue el de una mayor presencia policial en las calles.
Tampoco quedan demasiados lugares cuyos frentistas no hayan contratado sistemas de alarmas vecinales, además de que cada vivienda cuente con rejas, alarmas, trabas y cuantos recursos de defensa puedan existir contra los delincuentes.
Sin embargo, la crónica diaria viene dejando cumplido testimonio de los asaltos que se registran sin que nada parezca detenerlos. No han servido tampoco las numerosas referencias que los vecinos entregaron a las autoridades policiales en esas reuniones, entre ellas la identificación de posibles autores de delitos y las zonas en las que viven.
Asimismo, en las últimas semanas, algunos barrios comenzaron a elaborar en forma espontánea los “mapas del delito” en sus zonas. Pese a todo ello, la ola de delitos sigue afectando, sin dar tregua, a La Plata, Berisso y Ensenada.
Ahora le tocó al barrio de La Cumbre. No importa ya detallar el robo que sufrió un almacén barrial a manos de tres violentos y armados motochorros. Antes fueron Abasto, Los Hornos, City Bell, Ringuelet, Gonnet, distintos barrios de las tres ciudades cuyas poblaciones no saben ya a qué expediente acudir para librarse de semejante flagelo. Atracos violentos con entraderas, víctimas ferozmente golpeados por menores de edad, delincuentes seguramente estimulados en su violencia por las drogas, el panorama no cambia.
Los pobladores en sus declaraciones dejan entrever algunas inexplicables paradojas: mientras aseguran que los ladrones “vigilan” previamente a los barrios y conocen los movimientos de quienes viven en ellos, la Policía no puede hacer lo mismo con los delincuentes.
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En general la Policía llega tarde, como a certificar que en tal lugar hubo un delito. Hay excepciones, por cierto, en las que los uniformados cumplen con su rol y detienen a los malvivientes. Pero en la mayoría de los casos, la impunidad de los autores y la indefensión de las víctimas suelen ser las notas dominantes.
Una de las más cuestionables reacciones que este fenómeno ha originado es la decisión de algunas personas de armarse y practicar actos de “justicia por mano propia”.
En esta columna se ha fustigado esa tendencia, impropia de una sociedad civilizada. Se ha dicho también que el problema no es de ahora, sino que se remonta a varios años y se puede, acaso, explicar a través del hecho que el Estado ha ido dejando de cumplir en plenitud funciones esenciales en materia de seguridad, de modo que el poder público perdió parte de un protagonismo que debiera ser excluyente.
Es verdad también que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, a los que suele aguardarlos una lista de indultos indiscriminados -como el dispuesto al iniciarse la pandemia-; de beneficios procesales que empiezan por la “puerta giratoria” y siguen con un frondoso catálogo de beneficios penitenciarios, que van desde el uso discrecional de reducciones de condena y de otorgamientos de salidas transitorias a detenidos que egresan y delinquen a los pocos días.
Se ha elogiado en estos años el aporte que brindan los vecinos y sus organizaciones representativas en las reuniones periódicas que mantienen con responsables de las áreas de seguridad, aportando sugerencias y, desde luego, reclamando una mayor y más eficaz presencia policial en las calles. De todos modos, lo necesario es que tanto la Policía como los demás organismos públicos afectados al tema de la seguridad dispongan de suficientes recursos y hagan hacer valer su imperio sobre una delincuencia que hoy se muestra desatada.
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