El patrimonio arbóreo, en peligro

Maximiliano Heredia y Marcelo Garófalo

ONG Nuevo Ambiente

Desde Nuevo Ambiente muchas veces pusimos de manifiesto nuestra preocupación por la desidia de los municipios de la Región en materia de arbolado público.

Así fue que señalamos deficiencias, expusimos las quejas de los vecinos, confrontamos a la realidad con la legislación vigente y, fundamentalmente, ofrecimos ideas y propuestas para llevar adelante.

Ante la evidencia de los beneficios ambientales, climáticos y sociales del árbol, y su revalorización como aliados estratégicos en la lucha para mitigar los efectos del cambio climático, volvemos a insistir en que los gobiernos locales tengan planes para cuidarlos, preservarlos y aumentar su cantidad.

Creemos que el primer paso - la elaboración de una política pública que vaya más allá de duración de los mandatos electivos-, ya fue dado por la ley 12.276 que expresa el consenso alcanzado, hoy plenamente vigente, por los representantes de los partidos políticos sobre las acciones a seguir.

Sin embargo, como manifestamos en la última Agenda Ambiental 2021, la implementación de la norma sigue pendiente, lo cual afecta grave e irremediablemente, al patrimonio arbóreo de la Región.

Es apremiante poner en funcionamiento, en forma integral, las herramientas a las que obliga la ley. Observamos que los municipios -de la Región no están cumpliendo con lo siguiente:

(I) Carecen de un plan regulador. La ley obliga a su confección, contemplando el arbolado que debe conservarse, su estado sanitario, cuál debe recambiarse, su planificación en nuevas áreas y las tareas de manejo y conducción necesarias. La Plata es el único municipio de la región que tiene una ordenanza al respecto, la nro. 11.610, que aprueba el Plan Regulador para el período 2018-2022. Lamentablemente, su incumplimiento es notorio. Por su parte, Berisso y Ensenada no poseen plan alguno.

(II) El censo que impone la ley tampoco se llevó a cabo. De Berisso y Ensenada no se poseen datos de censos anteriores. En La Plata, el último es del año 2008. Si no conocemos que especies tenemos, cuantas, su estado fitosanitario, su ubicación, difícilmente pueda elaborarse un plan.

(III) La participación de los vecinos es otro mandato desoído.

(IV) También señalamos que no se verifica el acatamiento a que las oficinas competentes estén a cargo de un profesional con incumbencias en la materia.

Volvemos pedir a las autoridades municipales de la Región que, además de cumplir con la ley, elaboren programas específicos con fondos, metas, responsabilidades y recursos humanos capacitados; asignen presupuesto para la realización del censo – esencial para cualquier programa en la materia-; implementen campañas de difusión y educación sobre la importancia del arbolado urbano y el compromiso de la comunidad en su cuidado; y provean lo necesario para seguir incrementando la producción de ejemplares en los viveros municipales, creándolos si no existieran.