Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia

No sorprendió que durante su indagatoria en el juicio oral y público por la causa Cuadernos de la Corrupción, Cristina Kirchner haya regalado un alegato político y no una defensa técnico-jurídica cuando hizo uso de su derecho a declarar. Es lo que ha hecho siempre, con el antecedente inmediato de lo que pasó en la causa Vialidad, por la que cumple condena confirmada en todas las instancias judiciales en su domicilio de San Jose 1111.

Ayer lo replicó ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) que la juzga por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa. Le imputan más de 204 hechos de cohecho pasivo. Habló una hora la ex-presidenta, en la mañana de Comodoro Py. No respondió preguntas del Tribunal y, lo de siempre, aseguró que el juicio “es un circo” y que ella es una perseguida política. Premisas que sólo reivindican como verdaderas su núcleo casi religioso de seguidores, ya no todo el peronismo.

Tal vez el gesto distintivo de este turno haya sido el especial ahínco con el que apuntó a la corporación judicial en general y al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadío en particular, que fueron los magistrados que llevaron adelante la instrucción de la causa.

La “injusta” detención

“Estoy presa injustamente”, dijo al principio en alusión a la causa Vialidad, previo aviso al tribunal de que iba a referirse a ese caso que nada tiene que ver con el que se está juzgando ahora y en el que hay más de 80 implicados, entre funcionarios que supuestamente recibieron coimas y empresarios que aparentemente las pagaron. Es, justamente, lo que debe decidir el TOF 7 en base a cientos de testimonios, pruebas documentales y demás que se analizan desde fines del año pasado.

La cosa empezó picante ayer. Para arrancar, no se saludó con el exministro de Planificación, Julio de Vido, otro acusado que estaba a cinco metros sentado en el banquillo. Relación rota hace años.

El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, medio que la cortó en seco cuando ella quiso empezar a hablar sin autorización. “Aguarde un segundo, ya va a tener oportunidad de hablar Doctora”. Le consultó si iba aceptar responder preguntas: “Al final se los diré”, respondió. No lo hizo y avisó que recién las aceptaría cuando respondan ante la ley personajes del macrismo. Desde el propio Mauricio (“Causa parques eólicos”, citó) hasta Toto Caputo, actual ministro de Economía, por la deuda tomada con el FMI en su anterior gestión. Ya es un latiguillo cristinista culpar a Macri por sus pesares judiciales.

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Un tema obligatorio del Código Procesal generó notorio fastidio en Cristina: las preguntas sobre edad, lugar de nacimiento, estado civil, dirección, antecedentes penales, que se le hacen a cualquier acusado. “Bueno, todo esto es de notorio conocimiento”, bufó la dama.

“Si alguien me hubiera dicho cuál era la causa más emblemática de persecución judicial hubiera dicho el caso Vialidad donde estoy presa injustamente”, arrancó. “Estamos ante jueces que ya no son imparciales, estamos en una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son mafiosos, estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, descerrajó.

Desde lo jurídico, la expresidenta debía defenderse de las acusaciones generadas a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que era quien manejaba el auto de Roberto Baratta, funcionario de De Vido. Allí se detalla cómo, dónde y cuándo era llevada la plata que los empresarios de la construcción supuestamente debían entregar al Ejecutivo para ganar licitaciones, sacar pagos y demás.

Una asociación ilícita

En la instrucción, el Ministerio Público Fiscal dio por corroborado que Cristina, De Vido, Baratta, Claudio Uberti, José López y otros “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde mayo de 2003 y hasta noviembre de 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Se reitera: no habló de eso Cristina, como si nunca hubiera existido el tema o como si otros fueran los actores involucrados.

Sí habló del caso de Marcelo D’Alessio, el falso abogado acusado y detenido por inventar causas. Según ella, D'Alessio “recibía órdenes de Stornelli” y los acusó de trabajar juntos para “fraguar pruebas para condenar personas”. La justicia, en una investigación que fogoneó el kirchnerismo, demostró que esa afirmación es falsa. O al menos no recabó pruebas suficientes. En verdad, hasta ahora Stornelli ha sido sobreseído de todas las acusaciones que le hizo el cristinismo

Como sea, Cristina abundó en algo que venía diciendo en audios y redes: que los 31 imputados colaboradores que integran esta causa “declararon bajo extorsión”. “Los obligaron a declarar en mi contra”, dijo. Para ella, los cuadernos fueron fraguados. “Se inventaron pruebas para condenarnos”, se quejó. “Además, ¿dónde está esa plata?”, se preguntó. La investigación sostiene que el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban ella y Néstor Kirchner. Básicamente en su departamento de Juncal y Uruguay o en la Quinta de Olivos. “Si yo tuviera toda esa plata no estaría acá”, dijo casi sobradora.

Cristina también dedicó unos minutos a criticar al presidente Javier Milei porque en la reciente Asamblea Legislativa dijo que ella iba a seguir presa por Cuadernos y el Pacto con Irán: “Más violatorio de la manda constitucional no hay desde la época de Rosas”.

“Me parece un gran disparate esta causa, me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen con pruebas, cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble?”, protestó a modo de epílogo. Ese es, por cierto, uno de los grandes desafíos del tribunal que la juzga, que ayer le remarcó que iba a tener un juicio justo y con todas las garantías. .

“Me gustaría que alguien vincule hechos con pruebas; cómo me pagaron, cómo fue”