El oficialismo define como sigue su estrategia

Mientras Juntos por el Cambio anticipó ayer que rechazará el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno contra los integrantes de la Corte y que intentará bloquear el debate en el Congreso (ver aparte), los diputados del Frente de Todos ya definen la estrategia para lograr que el Parlamento juzgue por mal desempeño a los cuatro jueces del máximo tribunal de Justicia.

Entre otras cuestiones, los legisladores oficialistas tienen pensado solicitarle al presidente, Alberto Fernández, que habilite en sesiones extraordinarias todos los pedidos de enjuiciamiento contra la Corte que hay en el Congreso y no solo el que hace unas semanas promovió el jefe de Estado. Esta jugada habilitaría a tratar, por ejemplo, los que ya presentó la oposición. Así, entraría el que reclamó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, el de la diputada Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz o el de la asociación de juristas contra Rosenkrantz. De esa manera, se podrían tener todos los procesos en consideración a la hora de avanzar en la investigación que llevará adelante la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

A la estrategia oficialista ya se anticipó la oposición, que avisó que le parece “inadmisible el intento de juicio político a la Corte Suprema”, con lo que tampoco acompañaría las presentaciones que surgieron de esa alianza.

En el Frente de Todos también impulsan otros cambios al proyecto de juicio políticio que días atrás consensuó el Presidente con gobernadores del PJ.

Según contó el diputado kirchn erista Rodolfo Tailhade, miembro de la comisión de Juicio Político, la iniciativa llevará la firma de diputados y no del Ejecutivo.

“Lo van a presentar diputados del bloque que no forman parte de la comisión”, dijo y que esto tiene que ver con una cuestión de tiempo: “Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años. Nos da mucho más margen”, explicó Tailhade, y aclaró: “Será el mismo proyecto de Alberto, pero firmado por diputados”.

Por otro lado, el texto tendrá cargos diferentes según los magistrados: por el caso de la Coparticipación, incorporará un cargo específico contra Horacio Rosatti por la supuesta vinculación de su vocero, Silvio Robles, con el gobierno porteño y contra el resto de los ministros por firmarlo. En el caso del Consejo de la Magistratura también hay un cargo específico contra Rosatti y el resto de los ministros, salvo Lorenzetti, que no firmó el fallo.