El apuro oficialista, muy complicado ante la tensa relación con la oposición

Emiliano Russo

efrusso@eldia.com

El Gobierno demora el envío de la convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso, que incluirá el tratamiento del pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, y en la oposición advierten que la falta de “diálogo institucional” hace imposible el retorno de la actividad parlamentaria hasta febrero próximo y que, al igual que lo ocurrido en el verano pasado, los proyectos no lograrían llegar al recinto.

Si bien en el entorno de Alberto Fernández habían deslizado tras la reunión con un grupo de gobernadores del PJ que el temario de Extraordinarias sería girado desde Jefatura de Gabinete durante la víspera ello no ocurrió y ahora en el oficialismo afirman que el trámite se realizaría antes del fin de semana. Las imprecisiones son las mismas que rodearon el polémico comunicado de Presidencia que informaba sobre la intención de enjuiciar a los ministros del máximo tribunal y llevaba la firma de 12 mandatarios provinciales, dos de los cuales desmintieron haber dado apoyo a esa medida (Entre Ríos y Chubut).

Para intentar mitigar la polémica, el Presidente convocó ayer a la tarde a la Residencia de Olivos al jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la diputada Carolina Gaillard, titular de la comisión de juicio político, para entregarles el texto de 31 páginas en el que se solicita la remoción de los miembros del alto tribunal. Fue un gesto simbólico que lo muestra al frente de una intentona que, se sabe, está condenada al fracaso por la falta de número para aprobarla en el recinto.

“Pero van a hacer un gran daño: van a llamar testigos que van a decir que los jueces son delincuentes, se van a meter con su patrimonio o pedir expedientes. Un circo, el mismo que le hicieron a (el fallecido juez Carlos) Fayt donde hasta llegaron a convocar a su médico”, advirtió a este diario el diputado Pablo Tonelli (PRO), ex consejero de la Magistratura e integrante de la citada comisión parlamentaria.

Si bien el oficialismo tiene mayoría en ese cuerpo (16 de 31 miembros) y podría sacar dictamen, le sería imposible luego reunir los dos tercios de la Cámara para darle una ulterior aprobación. El objetivo es desgastar al máximo tribunal. “Ese límite no es obstáculo para que vapuleen o expongan a los ministros”, completó Tonelli, que ayer participó de una reunión en Pinamar junto a otros dirigentes macristas que orbitan en el armado de Patricia Bullrich, como el anfitrión, el diputado Hernán Lombardi, el intendente Martín Yeza y su par de Lanús, Néstor Grindetti.

Lo cierto es que el vínculo entre el oficialismo con Juntos por el Cambio está virtualmente quebrado. En diciembre no se pudieron ratificar a las autoridades de la Cámara baja y el clima político “empeoró” con la decisión del Ejecutivo de no acatar la devolución de fondos a CABA que ordenó el máximo tribunal.

En el verano del 2022 la Rosada tampoco tuvo éxito con el envío de un extenso temario al Parlamento. En aquella ocasión la propia interna que desató el acuerdo con el FMI y la falta de acuerdo con los bloques opositores, impidieron el tratamiento de los distintos proyectos en el recinto.

Ahora el extenso y duro enfrentamiento que el Poder Ejecutivo viene entablando con el mayor armado opositor, hacen prever una trayectoria similar con el agravante que “gatilla” estar transitando un año electoral en el que, inevitablemente, recrudecen las disputas políticas.

Con la mayoría de los legisladores de vacaciones en la Costa Atlántica o en sus provincias, existen contactos “informales” entre referentes del FdT y JxC para intentar acortar las actuales diferencias. Sin embargo, en el mayor bloque opositor aducen que “no hay avances” que permitan destrabar el conflicto. Aunque reconocen que quizás el paso del tiempo ayude a bajar “el nivel de agresividad” entre ambos espacios y, al menos, haya actividad en las comisiones de ambas cámaras durante el mes próximo.

Como sea, el Ejecutivo trabaja en un temario que también incluye iniciativas económicas. El propio Alberto Fernández había anticipado un proyecto destinado a buscar recursos para hacer frente a los pagos por Coparticipación a CABA que obliga “la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”. Traducido, la creación de nuevos impuestos que, de seguro, serían rechazados por la oposición.

Otra de las probables iniciativas sería el blanqueo de capitales que viene impulsando la gestión en Economía de Sergio Massa al igual que el denominado “monotributo tech”, que incluiría tres nuevas categorías exclusivas para la exportación de servicios de hasta 30 mil dólares. Más polémico, un proyecto demandado por el kirchnerismo: una moratoria previsional que beneficiaria a 800 mil personas y que cuenta con media sanción de la Cámara alta.

En tanto, la Casa Rosada insistiría con las leyes de Agroindustria y Electromovilidad. Todos proyectos que, de no mediar alguna sorpresa durante el mes entrante, serán enunciados nuevamente por el Presidente en la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso del 1º de marzo.