Aumento del gas: en la Región llegaría a casi el 50%

Desde febrero, los usuarios de gas volverán a sufrir aumentos que en la Región podrían tener un impacto final de hasta casi el 50%. Así surge de la audiencia pública virtual realizada ayer para tratar el incremento tarifario del suministro. Allí, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las empresas distribuidoras y transportistas (Camuzzi, Metrogas, Naturgy, TGN y TGS) pidieron incrementar sus ingresos entre un 135 y 283%, haciendo hincapié en los congelamientos tarifarios que se sucedieron durante el kirchnerismo y advirtiendo que en los últimos años el Gobierno les autorizó subas muy por debajo de la inflación.

Por eso, las compañías reclamaron implementar a partir de febrero un esquema de ajustes trimestrales que tome como parámetros la evolución de los precios y los incrementos en los costos del sector.

Como la tarifa final del gas está integrada por cuatro ítems (el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución e impuestos), el impacto entre lo que pidieron las distribuidoras y lo que finalmente terminará pagando el usuario dependerá de cada zona. Esos valores podrían oscilar entre el 21% y el 77,5% en todo el país.

En el caso de Camuzzi Gas Pampeana, que distribuye en la Región, la factura de un usuario residencial promedio pasaría de $ 4.892 a $ 6.105 mensuales (24,8% de incremento) y la de un usuario nivel 2 (sin tarifa social) de $ 2.444 a $ 3.657 (49,6%).

Eso pese a que en la audiencia de ayer, Alejandro Pérez, que habló en representación de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas Sur, reclamó subas de 196% y 283%, respectivamente.

“Estos incrementos son para cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones impostergables para la prestación del servicio en condiciones de seguridad. No incluyen rentabilidad para la compañía e implican la premisa que arranca en febrero. Están pensados para que no se incremente la deuda de capital que tenemos con los productores. Cualquier porcentaje menor a esto va a ir en contra de eso”, dijo el ejecutivo, a la par que observó el costo financiero que se desprende del atraso en los pagos del Estado por la compensación de la tarifa social y de las entidades de bien público.

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“Hace un año que la compañía no cobra el subsidio de la tarifa social, por lo cual el Estado debe $7300 millones”, cuestionó el directivo de Camuzzi.

En ese sentido, cada una de las empresas fue dando cuenta del atraso tarifario en los últimos años. Apuntaron que mientras la variación de los salarios y los precios generales fue de entre 296% y 315%, el actual Gobierno les autorizó aumentos de entre 60% y 76%.

“De los últimos 30 años desde que se otorgaron las licencias, el marco regulatorio estuvo vigente solo en 12, mientras que en los otros 18 años estuvo suspendido por leyes de emergencia”, aseveró Rubén De Muria, de la empresa transportista TGS, que pidió desde febrero una adecuación transitoria de 135%.

La mayor parte de la suspensión de ese marco regulatorio se dio entre 2002 y 2016, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que mantuvieron las tarifas congeladas hasta 2013 y luego aprobaron subas discrecionales.

En 2017, Mauricio Macri buscó regularizar la situación al establecer una Revisión Tarifaria Integral (RTI), pero al año siguiente el mismo gobierno modificó el índice de ajuste y en octubre de 2019, en víspera electoral, difirió los aumentos.

Ya en diciembre de 2020, al asumir Alberto Fernández suspendió la revisión impulsada por Macri y las tarifas volvieron al freezer. Entre 2021 y 2022, el Gobierno autorizó un aumento del 60% en la tarifa de transporte de gas y dos subas anuales de 26% y 40% a las transportistas. Muy por debajo de la inflación, que solo el año pasado rozó el 100%.

Ahora, el Gobierno se enfrenta al reclamo de las empresas de gas y a la necesidad de avanzar en un tema que siempre incomodó al kirchnerismo: aprobar subas mayores en las tarifas (que hoy representarían el 40% del costo real) para reducir subsidios y evitar la expansión del gasto para cumplir con el FMI. Pero también para subir los ingresos de las compañías y que estas, al no poder cubrir costos, no se financien con dinero del Estado. Toda una encrucijada en el año electoral.