Fuerte rechazo a una amnistía a separatistas catalanes

MADRID

La oposición de derecha y una parte de la magistratura española endurecieron el tono contra la ley de amnistía para los independentistas catalanes que negocia el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, a cambio de lograr una nueva investidura.

Sánchez, cuyo Partido Socialista terminó en segundo lugar en las elecciones legislativas del 23 de julio, tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir la confianza del Parlamento y mantenerse en el poder. Si no lo logra antes de vencerse el plazo, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.

Para obtener el apoyo indispensable de los partidos independentistas catalanes, Sánchez aceptó su exigencia de preparar una ley de amnistía para los separatistas procesados por la justicia española, especialmente por su participación en la tentativa fallida de secesión de Cataluña en 2017.

Tras largas conversaciones, Sánchez logró el apoyo de los siete diputados de Izquierda Republicana de Cataluña (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), formación separatista moderada que gobierna esta región del noreste de España, y ahora sólo le queda garantizarse los de los siete de Juntos por Cataluña (Juntos por Cataluña, JxCat), el partido de Carles Puigdemont, líder de la intentona de 2017.

“Estamos en la cuenta atrás del pacto, el tramo final de una negociación que ha sido difícil (...) y que nos va a permitir abrir una nueva etapa”, indicó ayer Jaume Asens, uno de los principales encargados por la izquierda para negociar con Puigdemont.

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PUIGDEMONT INVESTIGADO

En este contexto, la justicia española, que ya reclama a Puigdemont por su papel en los hechos de 2017, anunció que lo investiga también por los disturbios ocurridos en Cataluña en 2019 en protesta por las condenas a penas de cárcel de otros líderes independentistas.

Puigdemont denunció en la red social X (ex Twitter) un “golpe de Estado permanente” de la justicia, a la que los independentistas consideran un instrumento de “represión” del Estado español.

Muy controvertido, este proyecto de ley de amnistía, que tendría que ser votado por el Parlamento, despertó la indignación de la oposición de derecha, que sostiene que Sánchez, quien en el pasado se oponía a esta idea, está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.

“No nos van a callar”, lanzó el jefe del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, quien pese a ser el vencedor de las elecciones legislativas de julio no consiguió los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido. Anoche, cientos de manifestantes se congregaron ante las sedes del Partido Socialista en Madrid, Barcelona, o Valencia, coreando lemas como “¡Puigdemont, a prisión!”, o “¡Sánchez, traidor!”.

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, que acudió a la protesta de Madrid, había pedido antes una “movilización permanente, constante y creciente”.

El domingo próximo hay manifestaciones convocadas en las capitales de provincia, y el sábado 18 de noviembre una gran protesta en Madrid.

“DEGRADA” EL ESTADO DE DERECHO

Igualmente, un sector de la judicatura también criticó esta ley de amnistía en términos particularmente duros.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), organización conservadora mayoritaria en los jueces, afirmó el jueves úliomo en un comunicado que esta medida representaría “el principio del fin de nuestra democracia”, además de “volar por los aires el Estado de Derecho”.

Los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial consiguieron convocar para este lunes una reunión extraordinaria de este órgano clave encargado de nombrar a los jueces, para discutir sobre el tema.

Estos miembros consideraron en un texto que la ley de amnistía a los independentistas representaría una “degradación” del Estado de derecho.

En aquel convulso otoño boreal de 2017, los principales dirigentes independentistas se marcharon al extranjero, como Puigdemont, o fueron encarcelados y condenados a penas que iban hasta los 13 años de prisión. Estas sentencias de 2019 generaron una ola de disturbios en las calles de Barcelona.

Después de su llegada al poder en 2018, menos de un año después del intento de secesión, Sánchez hizo de la distensión en Cataluña una prioridad.

En 2021, indultó a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron juzgados.