“Graves violaciones” a los DD HH en Nicaragua

La ONU instó ayer al gobierno de Nicaragua a revertir el rumbo y poner fin a las “graves violaciones de derechos humanos” en el país, donde un obispo católico continúa preso y los opositores son perseguidos en un ambiente político en el que “la impunidad es la norma”.

Así lo señaló la Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, en una declaración presentada durante una sesión de actualización sobre la situación nicaragüense realizada en Ginebra.

“Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la población, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas”, denunció Al-Nashif, quien se declaró “descorazonada” por el “continuo distanciamiento” del gobierno de Daniel Ortega del estado de derecho y otros principios democráticos fundamentales.

“Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo”, añadió.

La Alta Comisionada Interina señaló que, cinco años después de las protestas sociales de 2018, el gobierno sandinista sigue persiguiendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de los derechos humanos y periodistas. Muchos están en el exilio “sin posibilidad de retorno”, mientras que los que permanecen en el país se encuentran “bajo amenaza constante o se enfrentan a una serie de graves violaciones de derechos humanos”.

EL CASO DEL OBISPO ÁLVAREZ

Entre los 71 opositores presos registrados por su oficina, Al-Nashif mencionó al obispo Rolando Álvarez, privado de la libertad desde hace más de un año y que en febrero fue condenado a 26 años de prisión. Indicó que Álvarez se encuentra sometido a un prolongado régimen de aislamiento con deficiente alimentación y atención médica.

“Sus condiciones carcelarias violan las normas internacionales”, resaltó. Citó también el caso de los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, encarcelados recientemente y cuyo partido Yatama fue suspendido y no podrá competir en los comicios regionales de la Costa Caribe en marzo próximo.

Al-Nashif dijo que ha documentado 30 casos de nicaragüenses a quienes el gobierno les ha impedido ingresar a su país desde junio, así como violaciones a los derechos humanos de personas desterradas y despojadas de su nacionalidad y propiedades.