El FMI “mira” para otro lado y gobernadores lo agradecen

Argentina asumirá ante el Fondo Monetario Internacional que uno de los objetivos (no metas) pactados para el 2022 no pudo lograrse. Y le adelantará además al organismo financiero que tampoco podrá avanzar con la idea durante este año. Sin embargo, le comunicará a los técnicos que manejan el caso argentino y que por estos días se encuentran en Buenos Aires en misión de cierre del ejercicio pasado, que hay un premio menor. Se trata del revalúo inmobiliario, una de las obligaciones comprometidas en el primer trimestre de 2022 ante el Fondo, y que quedaron plasmadas en el acuerdo de Facilidades Especiales firmado por las partes. Y que no pudo aplicarse porque muchos gobernadores (especialmente opositores) se negaron a ejecutarlo tanto el año pasado como este.

Sin embargo, hay un dato alternativo que aplacaría los eventuales malhumores de la gente de Washington, en estos días por Buenos Aires. Si bien el revalúo inmobiliario no pudo generalizarse por la negativa de las provincias, la Nación si avanzó y elevó los precios de las viviendas de todo el país incrementando los valores para la liquidación de Bienes Personales del ejercicio 2022; que comenzará a pagarse este año. Algo que generará un incremento de unos $150.000 millones en los ingresos previstos en este impuesto.

Entre otras provincias y regiones Capital Federal, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, no tienen en sus planes aumentar sustancialmente la carga tributaria a los bienes inmuebles; intención a la que se sumarían Entre Ríos, Jujuy, Corrientes y otras reparticiones. La negativa se mantendría durante este ejercicio también, con lo que tampoco podría avanzar en 2023.

Desde el ministerio de Economía se había tomado como una noticia aliviadora, que en la última revisión de noviembre del año pasado, previa al aval de los números y porcentajes del último trimestre del año, el Fondo incluyó un perdón para la exigencia del revalúo para el ejercicio del año pasado. Pero nada se habló del 2023, con lo que el compromiso permanecía firme. El año pasado el gobierno pudo mostrar un objetivo algo menor, pero real y mensurable.

El Palacio de Hacienda logró recaudar unos $65.000 millones fruto de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales; medida, obviamente, impulsada por el gobierno nacional. Luego, para el 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. Sería por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, el alza en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar este año un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.

Según el Ejecutivo, el mecanismo de revalúo fiscal no puede relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno mantendría, así, su máxima sobre que el acuerdo con el organismo que conduce Kristalina Georgieva no incluye ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos; sino que se trata de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable.

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