Entre subsidios generosos, muchos dirigentes pierden poder en silencio

Muchas de las estructuras montadas por grupos que el Estado nacional subsidia generosamente y sin control han logrado también aportes de provincias y municipios. Las más que cuantiosas sumas recaudadas les permite a sus líderes considerarse representantes del pueblo y en tal carácter impedir el tránsito en autopistas, caminos, avenidas y calles. Contando con la participación de miles de personas, no lograron nunca peso electoral pero han encontrado una manera de presionar e intentar constituirse en los representantes de los sectores carenciados de la Argentina.

La cuestión fue puesta sobre la mesa cuando se dio a conocer el resultado de la auditoría sobre la administración del dinero destinado al Plan Potenciar Trabajo en el que se habrían detectado a más de 280.000 personas que recibían indebidamente pagos distribuidos por una organización social sin reunir los requisitos para ello.

Ese estudio solo se hizo sobre una pequeña parte de los fondos que destina el Estado nacional para paliar la situación de los sectores económicamente más vulnerables de la población argentina.

Millones y millones

Nada menos que millones y millones de pesos se invierten en los planes de asistencia social administrados y distribuidos por estructuras políticas para estatales, que están generando cambios políticos y, que como las irregularidades mismas de esos planes, la dirigencia del país prefiere ignorar. Cuando la ministra Tolosa Paz reveló que podría haber más de doscientas mil personas a las que se les pagaba a través del Plan Potenciar Trabajo $27.275 mensuales el silencio la acompañó, solo se escuchó la protesta de una de las organizaciones que distribuye ese dinero. La objeción en la práctica partía del supuesto de que la auditoría solo tenía por objeto reducir el monto de dinero destinado a un plan. Es decir que estructuras como la del movimiento social Polo Obrero, porque de ella se trata, plantean la estatización de la actividad económica pero la privatización de la asistencia social a los sectores carenciados, con una inversión millonaria que debe ser concesionada a las organizaciones sociales para que distribuyan entre los necesitados el dinero del Estado, considerando a cualquier auditoria un acto contra el pueblo.

No es un tema menor porque encierra el manejo discrecional de nada menos que millones y millones de pesos que siempre resultan escasos para los virtuales concesionarios.

poderosas estructuras

Las organizaciones sociales han crecido con los enormes aportes de todos los gobiernos en los últimos 40 años, incluyendo el de Mauricio Macri. Sobre esa base han creado poderosas estructuras con la capacidad de movilizar decenas de miles de personas conducidas por militantes aparentemente profesionalizados que llegan hasta controlar la asistencia a las manifestaciones y piquetes de las personas a las cuales se les paga a través de un plan.

LE PUEDE INTERESAR

El año electoral arrancó con un triunfo radical en La Pampa

LE PUEDE INTERESAR

A la espera de definiciones en Casación sobre causas clave contra Cristina

De esa manera, el dinero de los contribuyentes se utiliza para financiar actividades de grupos políticos que pueden, entre otras cosas, costear la logística de las manifestaciones, lo que encierra contratar los medio de transporte de miles de personas, a veces los alimentos, banderas, pasacalles, pecheras, etc.

Las organizaciones sociales han crecido con los enormes aportes de todos los gobiernos

Los partidos políticos tradicionales no pueden competir con esas organizaciones ya que no cuentan con fondos del Estado de la magnitud que manejan estos grupos. Pero algunas de esas organizaciones -como el caso del Polo Obrero- se vinculan directamente con partidos de la izquierda anti sistema que no han logrado un apoyo de la ciudadanía que se refleje en las urnas.

Reiteradamente derrotados con pésimos resultados en las elecciones han logrado canalizar parte de la justificada protesta de los sectores condenados a la miseria mediante la adjudicación de los fondos de los planes que administran. Mientras tanto, los gremios obreros han perdido afiliados y capacidad de movilización por los cierres de fábricas y la falta de creación de puestos de trabajo.

No intentaron o no tuvieron los medios para erigirse en representantes de los desocupados.

el poder de la calle

Todo esto ya está generando un cambio en la Argentina porque esas estructuras organizadas ya son dueñas de las calles y no les interesan las formas de representación de la democracia sino justamente conducir apreciable cantidad de personas para presionar y lograr sus objetivos mediante una gimnasia orientada a que con solo unos miles de personas se pueda alterar la vida de una ciudad como Buenos Aires.

Pocos días atrás se intentó paralizar todo el país lo que reveló claramente el crecimiento de la capacidad operativa de esas estructuras cuyos líderes creen que las instituciones de la democracia están para proteger los derechos de los privilegiados. Sin embargo debe reconocerse que por lo menos una de esas estructuras participa en la política tradicional a través de los instrumentos de la democracia - como las elecciones, los parlamentos o las administraciones municipales, pero contando con la ventaja de manejar miles de planes de asistencia.

En definitiva, el silencio de dirigentes de los partidos y de los gremios después de que Tolosa Paz informara de posibles irregularidades en la distribución de dinero del Plan Potenciar Trabajo es sorprendente porque esos son los dirigentes a los que se les reduce la capacidad de representar un gran número de ciudadanos y eso los debilita enormemente sin que reaccionen.