Corrupción “sin precedentes”, dijo el tribunal que condenó a Cristina

Los fundamentos de la condena de la condena por corrupción a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no ahorraron en calificativos para argumentar que la exmandataria (2007-2015) fue autora de una “fastuosa” defraudación al Estado y que fue una “coartada” la defensa de que el proceso está manchado de “lawfare” (persecución judicial).

El Tribunal Oral Federal 2 dijo en la víspera que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública. En cese sentido, la consideró como una de las autoras del delito por corrupción investigado.

En un texto de 1.616 páginas, especificó que la vicepresidenta tuvo una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de ella misma.

La resolución hace referencia al “tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida”, al “ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución” y al “poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan”.

También al “interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos”.

Todo eso constituye “la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho”, explicó.

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SIN PRECEDENTES

El tribunal detalló la “colosal extensión del daño causado”, ya que perjudicó al erario en un “monto estrafalario” de 84.835,2 millones de pesos al 6 de diciembre de 2022 (424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, agregó el tribunal, para luego indicar que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes”.

En un texto de 1.616 páginas, especificó que la vice tuvo una “intervención fundamental”

Resaltó, además, “la inusitada prolongación en el tiempo”, desde la creación de la empresa Austral Construcciones, el 8 de mayo de 2003, hasta la decisión de despedir al personal contratado y abandonar las obras viales en curso, el 30 de noviembre de 2015.

Y dijo que esas fechas “estuvieron directamente determinadas por los resultados antagónicos de dos procesos electorales”, cuando Néstor Kirchner inició su presidencia y Cristina Fernández terminó su segundo mandato.

El tribunal también fundamentó las condenas a los otros ocho ex funcionarios enjuiciados en la misma causa. Y el sobreseimiento al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

LAWFARE, UNA “COARTADA”

La defensa de la expresidenta, que calificó el proceso como una expresión concreta de ‘lawfare’ (o guerra judicial) llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación, fue calificado por el tribunal como una “coartada” para eludir la rendición de cuentas.

Resaltó que no entiende “de qué modo la hipótesis conspirativa” podría impactar en el análisis de los jueces, en tanto “no niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita”.

E indicó que resulta un “cliché” vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral, aunque “ahora parece más sofisticado hablar de lawfare”.

Por otra parte, tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones. Y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.

PROSCRIPCIÓN

Mientras, el ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró a los medios que “el código penal reemplazó al código electoral” en Argentina, y afirmó que el país “otra vez” entra “en una etapa de proscripción”, en referencia a lo sufrido por Juan Perón en 1956, y agregó que “este es otro día de persecución, donde sectores del poder judicial están cumpliendo un rol disciplinador”.

Dirigentes del kirchnerismo preparan para mañana sábado un acto en Avellaneda para reclamarle que sea candidata a presidenta en las elecciones de este año.

La vicepresidenta no reaccionó de inmediato, pero en el pasado ha denunciado que la Justicia actuó con motivaciones políticas en busca de proscribirla.

Además de Cristina, fueron condenados en ese juicio el empresario Lázaro Báez, beneficiario de las licitaciones, y otras ocho personas. Tres de los acusados fueron absueltos y para uno la causa prescribió.

En un contexto de negociaciones por los posicionamientos del FdT para las elecciones, funcionarios y dirigentes de todos los sectores de la coalición se unieron para cuestionar los fundamentos del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y para defender a la titular del Senado porque entienden que también “se intenta disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral”.

Finalmente, también se conocieron los fundamentos por los cuales los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso la absolvieran junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, aunque en fallo dividido. Dos de los tres jueces del TOF 2 consideraron que no se reunieron los requisitos que exige la ley. El tercero, en cambio, coincidió con la fiscalía en que Cristina dirigió “una banda para cometer delitos”.