YPF bajo fuego cruzado: investigan fuga de datos clave y posibles traiciones en el Estado

La Casa Rosada dio la orden de desplazar a funcionarios de la Procuración del Tesoro luego de haber detectado presuntas filtraciones y posibles ventas de información confidencial vinculadas a la causa por la estatización de YPF, que enfrenta al Estado argentino con el fondo Burford Capital en tribunales de Nueva York.

Aunque reina el hermetismo sobre cómo surgieron las sospechas, fuentes oficiales reconocen que se investigan maniobras internas en la Procuración, el organismo que ejerce la defensa jurídica del Estado. “Creemos que hubo venta de información”, aseguró una fuente del Gobierno.

La preocupación escaló en las últimas semanas, cuando detalles de la estrategia legal argentina comenzaron a trascender sin autorización de las máximas autoridades del organismo. Se trata de datos extremadamente sensibles, cuyo filtrado podría comprometer la posición del país en litigios multimillonarios.

Posibles vínculos con Burford

Si bien el Gobierno evita confirmar públicamente el alcance del daño, no se descarta que información haya llegado a manos de los fondos litigantes beneficiados por fallos adversos contra la Argentina, como Burford Capital.

En 2023, Burford consiguió en primera instancia un fallo de la jueza Loretta Preska que condenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación considerada irregular de la petrolera. Ahora, busca quedarse con el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF.

Purgas y reestructuración

Como consecuencia del escándalo, el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla -quien llegó al cargo impulsado por el entorno de Santiago Caputo en el gobierno de Javier Milei- ordenará una disolución de áreas internas y prepara una reestructuración profunda.

LE PUEDE INTERESAR

Ramallo: el Colegio de Médicos exige datos sobre profesionales del Hospital Gomendio

LE PUEDE INTERESAR

Chivilcoy: más de 1.500 extranjeros podrán votar el 7 de septiembre

“Castro Videla está haciendo una purga. Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, remarcaron desde la Casa Rosada. Se espera que en los próximos días se publique un comunicado oficial detallando los cambios en la estructura de la Procuración.

Respaldo de EE UU

El escándalo por las filtraciones se conoció casi en simultáneo con el nuevo apoyo del Gobierno de Estados Unidos a la postura argentina en la causa YPF.

El Departamento de Justicia norteamericano presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en el que sostiene que obligar a la Argentina a entregar su participación accionaria en YPF violaría leyes de inmunidad soberana. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violarían leyes de inmunidad soberana y no deberían ser concedidas por la Corte”, señala el documento firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de EE UU para el Distrito Sur de Nueva York.

Este apoyo no es nuevo. Ya en octubre pasado, durante la presidencia de Joe Biden, Washington había solicitado desestimar el pedido de Burford, advirtiendo sobre el riesgo de que los tribunales estadounidenses se excedan en su competencia sobre bienes soberanos de otros Estados.

La batalla judicial continúa

Pese al respaldo de Washington, la jueza Preska ya desoyó en el pasado las recomendaciones del Gobierno estadounidense. Hace apenas diez días, dispuso el traspaso de las acciones de YPF, aunque esa decisión se encuentra apelada.

La estrategia argentina busca ahora sumar nuevos apoyos internacionales. Según trascendió, Cancillería y la Procuración exploran la posibilidad de que países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania se presenten también como amicus curiae para fortalecer la posición argentina en la Corte de Apelaciones.

En tanto, expertos advierten que el respaldo de EE. UU. podría servir para frenar medidas inmediatas contra la Argentina, aunque no garantiza un revés definitivo del millonario fallo.

“El Gobierno de Estados Unidos busca influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación”, analizó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Sin embargo, aclaró que el respaldo no abarca por ahora el monto de USD 16.100 millones ni implica necesariamente impedir la entrega de las acciones.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el Gobierno argentino enfrenta otro frente interno: una trama de presunta traición y venta de información que podría haber jugado un papel clave en la batalla judicial más costosa de su historia.