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En el juicio contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, culpó al Estado argentino.
Tras la difusión de la noticia, diferentes referentes de la oposición salieron a cuestionar al kirchnerismo, porque fue durante la gestión de Cristina Kirchner que se llevó adelante la expropiación de la petrolera.
Uno de los primeros en expresarse fue el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, que escribió: “Los quiero presos y que nunca más puedan ocupar un cargo público en sus vidas a los que reestatizaron YPF”.
El economista agregó: “Esos 20.000 palos verdes van a salir de más impuestos que pagaremos todos los laburantes que ya somos verdaderos esclavos impositivos. Kirchnerismo nunca más”.
Por su parte, Javier Milei, de La Libertad Avanza, contó: “Hace casi diez años, casi la totalidad de la clase política argentina votó a favor de la expropiación de YPF. Incluido 34 votos positivos de la UCR. Esa expropiación ilegal nos acaba de salir 20 mil millones de dólares en un juicio contra Argentina. La joda la pagamos nosotros”.
De su misma fuerza, el legislador, Ramiro Marra, dijo: “En 2012, Kicillof se agrandaba diciendo que Argentina no iba a pagarle un peso a Repsol porla expropiación de YPF. Poco más de 10 años después, el país se ve obligado a pagar U$S20.000 millones por su accionar. Que caro que le salen al país estos kirchneristas, es increíble”.
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Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera en el momento de la estatización, ganaron con sus planteos de que, en aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.
Los demandantes sostuvieron que la empresa debería haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, según los estatutos de YPF y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en 1993.
YPF, por su parte, mandó hace unos meses un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y dijo que, en caso de declararla culpable, la condena podría costarle al país entre U$S3.500 millones y U$S5.200 millones.
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