Por la inseguridad, vecinos hartos y a un paso de la “justicia por mano propia”

Con una ola delictiva que no cesa y que se presenta cada vez más violenta y, a la vez, con un sistema policial seriamente disminuido, la realidad de los últimos meses viene reflejando una creciente intervención de los vecinos para detener a los ladrones, en situaciones que han llegado al límite de la llamada “justicia por mano propia”, con casos de linchamiento que sólo por fortuna no concluyeron en desenlaces más graves.

Este fenómeno ocurre en todo el país con episodios que se presentaron -la lista es aquí ejemplificativa, no taxativa- en La Tablada, Villa Urquiza, Villa del Rosario, Pilar, La Matanza, González Catán, Río Cuarto y también en La Plata.

Justamente, este diario en la edición de ayer reflejó el caso de un grupo de vecinos de Ringuelet, que detuvieron a una persona que había asaltado un supermercado cercano.

Lo sujetaron en la calle -se dice que fue golpeado fuertemente en el momento de la captura- y lo entregaron a la Policía cuando arribó al lugar.

Por cierto, sobran motivos para explicar estos hechos. La inoperancia policial y de todo el sistema -que incluye las graves falencias de la legislación penal y procesal penal, así como también la actuación de la Justicia agudizan no sólo la inseguridad reinante, sino que dan pie al hartazgo social por esta situación.

Es verdad que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, con un variado menú de beneficios procesales y otra nutrida lista de beneficios penitenciarios, que van desde el uso discrecional de reducciones de condena, pasan por el uso de celulares para seguir delinquiendo desde el calabozo, el otorgamientos de salidas transitorias a detenidos que salen para volver a delinquir a los pocos días, cuando no se decretan indultos indiscriminados que permiten la salida de miles de peligrosos delincuentes. Ni hablar de los menores que cometen delitos, a quienes les aguarda la puerta giratoria.

Dice un refrán popular: “El que las rompe, las paga”. Llevado a los planos institucionales, esto significa que en materia de seguridad el Estado debe detener y hacer pagar a los que matan y roban, a los que actúan en asaltos con revólveres o armas blancas, a todos los que cruzan la frontera de la ley. En nuestro país, no todo los que rompen pagan.

En ese contexto, sin embargo, corresponde igualmente oponerse de plano a la justicia por mano propia. De lo que se trata, en definitiva, es de defender el pleno imperio de la Constitución y de contar con leyes equilibradas, sensatas y eficaces.

Asimismo, tanto la Policía como la administración de Justicia deben contar con recursos y apoyos suficientes, para hacer valer su imperio sobre la gente que quiere vivir en el delito o sobre la otra que, erróneamente y sin contar con incumbencia, está empezando a creer que la solución es combatirla a tiro limpio.