Sigue el conflicto detrás de la colecta de Maratea para pagar la deuda de Independiente

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró “ineficaz e irregular” la inscripción del fideicomiso de Santiago Maratea, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Independiente de Avellaneda, y anunció que reclamará ante la Justicia la designación de un interventor controlador.

En una resolución difundida ayer, la IGJ cuestionó “severamente” la decisión de Maratea y la dirigencia de Independiente de inscribir el fideicomiso en la provincia de Neuquén y no en la de Buenos Aires, como lo indica la regulación.

“La inscripción intentada en la relacionada y ajena sede provincial no cumple con ninguno de los recaudos legales, ni tampoco, con la finalidad perseguida por el Código Civil y Comercial de la Nación para el supuesto del Contrato de Fideicomiso”, indicó la IGJ en su dictamen.

Además, el ente de contralor calificó de “exorbitantes” las sumas de dinero que recibirá Maratea en su carácter de fiduciante, y los gastos y honorarios de los otros integrantes del fondo.

La IGJ también cuestionó la “llamativa” cuenta recaudadora en Mercado Libre, ya que no está inscripto ante el Banco Central como “entidad financiera” y es solo es un proveedor de pago.

Con respecto a la inscripción en una provincia ajena, el ente dependiente del Ministerio de Justicia acusó a Maratea y al exarquero Miguel Ángel “Pepe” Santoro de “burlar la competencia de este Organismo de Control para así evitar el control de legalidad que implica la intervención” de la IGJ, “situación que indubitablemente configura un ensayo de fraude a la ley por vía de elección jurisdiccional potestativa, lo que se conoce como fraude interjurisdiccional”.

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Además, cita que Santoro tiene domicilio legal fijo en la provincia de Buenos Aires, mientras que Maratea lo declara en la ciudad de Buenos Aires.

NEUQUÉN EN EL CENTRO DE LA ESCENA Y SOSPECHADO

La IGJ le llama la atención al influencer porque en su conformación, el fideicomiso establece que el Colegio de Escribanos de Neuquén “no podrá tomar razón de forma ni contenido sobre el contrato a inscribir, ni ejercer ningún tipo de control de legalidad que obstaculice la inscripción”.

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Sobre este punto, el ente de control advierte que esto “resulta totalmente contrario al control de legalidad y al poder de policía que le corresponde ejercer a todo Organismo encargado del Registro Público como facultades propias e inherentes de las funciones que este cumple”.

La IGJ constató que, para inscribir el denominado “Fidecomiso Maratea Rojo Gogó” en esa provincia patagónica, el influencer fijó domicilio en la calle Río Quinto 583 de la ciudad de Neuquén. Y en este punto, recuerda que las leyes neuquinas establecen que el registro del fideicomiso “deben realizarlo aquellos cuyo objeto sean bienes que se encuentren en la jurisdicción de la provincia”.

También que al menos uno de los integrantes de la parte fiduciaria posea domicilio real en la provincia de Neuquén.

El dictamen firmado por Ricardo Nissen relata que intimó varias veces a Maratea y a sus letrados a precisar la información y regularizar la situación, pero que ninguno respondió en ninguna circunstancia.

Ante esta situación, pide que el interventor judicial sea “informante y controlador, para que proceda a comunicar a esta Inspección General de Justicia y al Juzgado interviniente el estado de los actos de administración y demás acciones realizadas por Maratea o quien lo reemplace en el ejercicio de sus deberes contractuales asumidos en su calidad de fiduciario”.

Esta mañana, en declaraciones radiales, Claudio Levy, el abogado del fideicomiso, indicó que “Pepe” Santoro “es el fiduciante y que la firma del acuerdo se realizó en Neuquén porque es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.

“Este contrato es mucho más simple de lo que parece. El fiduciante es Pepe Santoro, que lo que hizo fue aportar $32.000, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto”, aseguró.