Protección de la alta mar: un histórico tratado internacional

Los estados miembros de la ONU aprobaron en las últimas horas el primer tratado para proteger la altamar, un acuerdo esencial para preservar la vida y la salud de los océanos, vitales para la humanidad.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como un “logro histórico” el acuerdo, aunque recordó que el trabajo “todavía no ha concluido”.

El acuerdo crea un marco legal para extender las franjas de protecciones ambientales hacia aguas internacionales, que abarcan más del 60% de los océanos del mundo.

Para Liz Karan, de la ONG Pew Charitable Trusts, la adopción del tratado “fija una hoja de ruta para los pasos siguientes”.

Los océanos producen mucho del oxígeno que se respira, limitan el cambio climático absorbiendo CO2 y albergan zonas muy ricas en biodiversidad, incluso a niveles microscópicos.

“Océanos sanos, desde aguas costeras hasta áreas de fondos marinos profundos y la altamar remota son parte integral de la salud, el bienestar y la supervivencia humana”, abogó recientemente un grupo de científicos en la publicación The Lancet.

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Pero con buena parte de los océanos del mundo fuera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los países, y por tanto de la jurisdicción de cada estado, crear una protección para la altamar requería de la cooperación internacional.

Aunque la altamar representa cerca de la mitad del planeta, fue ignorada por mucho tiempo en las luchas medioambientales, que pusieron los reflectores en las áreas costeras y en algunas especies emblemáticas.

Una herramienta clave del tratado será la capacidad de crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Actualmente solo alrededor del 1% de la altamar está protegida por alguna clase de medida de conservación. El tratado es considerado esencial para que los países protejan el 30% de la tierra y de los océanos del mundo para 2030, como acordaron los gobiernos del planeta en un acuerdo firmado en Montreal, Canadá, en diciembre.

Oficialmente conocido como el tratado de “Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional”, también introduce requisitos para llevar a cabo estudios de impacto medioambiental para actividades que se planeen en aguas internacionales.

Si bien dichas actividades no están especificadas en el texto, incluirían desde pesca y transporte marítimos hasta objetivos más polémicos como la minería en áreas profundas o incluso programas de geoingeniería que buscan combatir el calentamiento global.

El tratado establece, también, los principios para compartir los beneficios de los recursos marinos genéticos procedentes de la altamar, obtenidos en expediciones e investigaciones en aguas internacionales, un punto que casi hace fracasar las negociaciones de último minuto, en el pasado mes de marzo.

Los países en desarrollo, que a menudo no tienen medios para financiar investigaciones costosas, lucharon para no verse privados de su parte de estos beneficios que muchos ven como un gran mercado a futuro, en especial en la búsqueda de “moléculas milagrosas” por parte de compañías farmacéuticas y cosméticas.

Tras su adopción formal, ahora el tema queda en manos de los países que podrán firmarlo y ratificarlo a partir del 20 de septiembre, e informaron que serán necesarias 60 ratificaciones para su entrada en vigor.

Las ONG se muestran confiadas, ya que la coalición de países por este tratado suma medio centenar, entre ellos la Unión Europea, Chile, México, India y Japón.

Fuentes oficiales de la Cancillería argentina destacaron que “este avance constituye un enorme logro para el multilateralismo en sus esfuerzos para enfrentar los desafíos que representa la preservación de la salud de los océanos para las generaciones presentes y futuras”

“La Argentina participó activamente de las negociaciones, ratificando su firme compromiso con la protección y uso sostenible de los océanos y con las acciones que lleva a cabo como Estado ribereño en miras de ese objetivo”, señalaron.

Volviendo al plano internacional del tratado, Rusia -por su parte- tomó sus “distancias” del consenso logrado al calificar algunas partes del texto como “totalmente inaceptables”.