Liberan a colegios privados de una obligación nacional

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires ya no tendrán que informar a la Secretaría de Comercio Nacional sobre los aranceles que cobran a las familias. Esa obligación sólo quedó para que los establecimientos educativos lo hagan con los gobiernos provinciales en los que desarrollan su actividad.

Según se pudo saber, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) se reunió con funcionarios del área de comercio nacional. Tras ese encuentro se informó que “hay un compromiso de parte del gobierno de derogar la Resolución 678/99, que quedó obsoleta y genera burocracia innecesaria para las instituciones educativas de gestión privada de todo el país”.

“Es un trabajo doble que teníamos que hacer en el último tramo de cada año. Esa disposición que se pide derogar obliga a los establecimientos educativos privados del país a informar anualmente a la Dirección Nacional de Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza.

“Oportunamente solicitamos una reunión con las autoridades de la Secretaría de Comercio Nacional con el objeto de abogar por la derogación de la Resolución 678/99”, se informó desde Aiepba.

En ese marco, se añadió que “hubo un encuentro con el Subsecretario de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño”, quién recibió a directivos de la entidad.

Por normativa, los colegios deben informar a las familias, a la provincia en la que desarrollan la actividad y a las autoridades nacionales los valores de las cuotas que van a pagar al año siguiente. “Por el proceso inflacionario que se vive en los últimos tiempos, esa medida se tornó en un paso burocrático, difícil de afrontar porque los tiempos no dan la posibilidad de estimar los precios con tantos meses de anticipación”, explicó una fuente consultada por este diario, quien además agregó que “en las provincias se estiró a diciembre, una información que a nivel nacional se exigía en septiembre y octubre”.