Inicio de año complicado: el Gobierno suma problemas

El 27 de diciembre pasado, el vocero de la Casa Rosada, el platense Manuel Adorni, adelantó que el gobierno enviaría al Congreso una Ley Ómnibus que, además de plantear la privatización de 41 empresas del estado nacional, pretende cambiar gran parte de la matriz económica del país.

Se habían cumplido 17 días desde que Javier Milei se hizo cargo de la presidencia, y en ese lapso había sorprendido con anuncios (como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70) y medidas que lo pusieron en el centro de la escena y tomando la iniciativa. Incluyendo la frase que dijo cuando tomó posesión del cargo, en las escalinatas del Congreso: “No hay plata”. Que fue trending topic en las redes sociales y hasta se escuchaba como ringtone en los teléfonos celulares de los argentinos.

Pero desde ese día, la gestión encabezada por Javier Milei comenzó a deslizarse por el tobogán de las malas noticias.

El DNU 70, que entró en vigencia el sábado pasado, acumuló hasta hoy en la Justicia 41 recursos de amparo para que sea declarado inconstitucional, y el fuero laboral dictó dos cautelares para suspender la reforma laboral que forma parte de ese DNU. La mayoría de los reclamos fueron planteados en el fuero contencioso administrativo. Eso sin contar las críticas de constitucionalistas y políticos opositores por haber eludido al Congreso para anular o cambiar 360 leyes.

Después vino el turno de los gobernadores que comenzaron a reclamar los fondos que perdieron con la elevación del piso para pagar ganancias (ley que impulsó el exministro de Economía Sergio Massa y que Milei aprobó siendo diputado nacional) y que ahora el Gobierno la quiere reponer. Además el Ejecutivo dijo que iba a cortar las transferencias directas a las provincias.

También discutió con las provincias que explotan la pesca porque la Ley Ómnibus incluía artículos que, según los gobernadores, le entregaba el recurso a las empresas extranjeras.

El mismo día del anuncio del gobierno de la Ley Ómnibus, el 27 de diciembre, la Confederación General del Trabajo realizó una movilización a la Corte Suprema en Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos y días más tarde anunció un paro general para el próximo 24 de enero. Para calmar las cosas, el asesor estrella del Presidente, el platense Federico Sturzenegger dijo: “Solo la necesidad de eludir el debate puede motivar a la CGT, que negoció sin remilgos con dictaduras, a marchar a la Corte Suprema por una supuesta violación de la legalidad de un instrumento constitucional”. En la CGT estallaron. Citando esa frase, el sindicalista Héctor Daer acusó a Sturzenegger de ser “un reaccionario que sueña con un país de esclavos”.

El martes pasado, el Boletín Oficial dio cuenta del nombramiento del General de Brigada Alberto Presti como nuevo jefe del Ejército, que provocó el retiro de 22 generales de mayor rango que conformaban las dos terceras partes del comando de la fuerza, formada por 33 generales. Un escándalo del que tomó cuenta el propio Presidente que le pidió a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien había comandado la reestructuración de la cúpula de las fuerzas armadas, que arreglaran el problema. ¿Cómo se solucionaría el tema? Colocando en otros lugares del Estado a los generales obligados a renunciar. “No parece muy prolijo”, se oyó decir en el edificio Libertador.

El “todo” o “nada”

Además está el desafío del “todo o nada” que plantea el Gobierno cuando la oposición le plantea discutir o modificar algunos artículos de la Ley Ómnibus. Para muestra sobra un botón. El miércoles pasado el diputado nacional Ricardo López Murphy le dijo a El Día que sería oportuno que el gobierne prorrogue las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Al día siguiente, el vocero presidencial le contestó en la sala de Conferencias de la Casa de Gobierno. Dijo que ni siquiera se está evaluando la posibilidad de una prórroga. Y sostuvo que el oficialismo tiene la intención de tratar la ley Ómnibus en el recinto el 25 de enero.

¿Y si no se llega? Eso a pesar de que muchos opositores afirman estar de acuerdo con gran parte del texto que comenzará a tratarse la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Ayer, desde el despacho del ministro del Interior, comenzaron a tirar mensajes de calma a muchos diputados de la oposición diciendo que el Presidente quiere que se apruebe el “70 por ciento de la ley y que un 30 por ciento se puede negociar”. Un ejemplo: la modificación de la ley de pesca, que comandó el propio Franco y tranquilizó a varios gobernadores de las provincias pesqueras.

No es un problema de halcones o palomas, decían esta semana en la Cámara baja. Se trata de hacer política y no de jugar al todo o nada como en una partida de dados. Pero para eso hace falta que el gobierno demuestre ser uno solo y no varios, porque quién es hoy el gobierno ¿Franco, Posse, Sturzenegger? Y, como dijo el economista Pablo Guerchunoff transformar a la persuasión y al debate como el arsenal más importante de su andamiaje político.