Demoledor informe sobre la violencia que sufren los niños

Abusos sexuales y cibernéticos, matrimonios infantiles, enfermedades mentales, conflictos familiares, suicidios, la infancia en el mundo está sufriendo una violencia “sin precedentes”, según denunció la ONU, cuyos especialistas pediátricos creen, sin embargo, que corre “un momento clave” para impulsar una agenda política y asegurarse de que las clases dirigentes y los responsables de la toma de decisiones tengan en cuenta el panorama existente.

A esos dramáticos problemas se suman la inseguridad alimenticia, la crisis climática, los enormes desplazamientos de niños que se registran en el mundo, así como también el tráfico de personas y la aparición de una delincuencia que crece facilitada por la tecnología, añadieron en el informe que fue detallado en este diario.

Los datos estadísticos no pueden ser más desoladores: unos 450 millones de niños vivían en zonas de conflicto a finales de 2022; el 40 por ciento de los 120 millones de desplazados que había a finales de abril pasado eran menores; 333 millones de niños viven en la pobreza extrema y más de 1.000 millones están en alto riesgo de verse afectados por el cambio climático, “un multiplicador de riesgos”.

Otras caras de la violencia infantil son el trabajo (160 millones); el matrimonio infantil (unos 640 millones de niñas y mujeres se han visto forzadas a casarse); uno de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años sufre acoso y 6 millones de niños desde 2021 se han visto privados de educación, lo que se eleva a un total 250 millones fuera del sistema escolar.

El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años. Unicef, la organización de la ONU para la infancia, denunció que una de cada ocho niñas y mujeres (370 millones) han sido víctimas de violaciones o agresiones sexuales durante la infancia. Estas situaciones, con mayor o menor intensidad, se están presentando en nuestro país en donde, cada tanto, se registran casos estremecedores como el de la desaparición del niño Loan, una causa penal que permanece sin ser esclarecida desde hace muchos meses.

El tema es de una enorme complejidad y requiere acciones multidisciplinarias para enfrentarlo. En la Argentina uno de los problemas más visibles -si se quiere también, más prioritarios- es la gran cantidad de menores que quedan abandonados a su suerte en las calles, que no acuden a la escuela y que eligen el camino del delito. Se habla, entonces, de un destino inquietante para parte de quienes formarán la ciudadanía futura del país.

Algunos cambios legales y administrativos puestos en práctica en la década del 90 en nuestra provincia, que decían apuntar hacia un mayor respeto a la identidad de los menores, llevaron en muchos casos a una verdadera deserción del Estado de las obligaciones que tiene con la infancia. Muchos niños y jóvenes, supuestamente liberados judicial y administrativamente, sin tutela alguna, terminan sumándose al universo delictivo, abandonados literalmente en las calles.

Se ha dicho muchas veces que el hecho de que la solución de fondo no pase por el despliegue de una intensificación de una acción policial y judicial, no exime al Estado -ni a la sociedad misma- de la obligación de atender a la niñez y adolescencia con una mucho mayor presencia preventiva, profundamente educativa y, cuando sea necesario, con esmerados planes de asistencia.

Algunas experiencias de tipo social y deportivo puestas en prácticas en el sector privado resultaron notablemente exitosas en este sentido en los últimos años, ya que lograron apartar a muchos menores de la droga y el delito, ofreciéndoles además perspectivas concretas de un futuro mejor. El Estado participa en estas experiencias en una medida menor a la esperada y, en muchos casos, pareciera que permanece alejado de estas alternativas tan positivas. De ser efectivamente así, es hora de que reformule su accionar.