Milei desafía el último consenso de la clase media

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La marcha universitaria del martes es la superficie de un conflicto constante. El núcleo de la disputa con el Gobierno de los hermanos Milei es una batalla por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, probablemente, la pieza normativa de mayor consenso desde el retorno democrático en 1983.

Su camino fue una carrera de obstáculos que superó cinco instancias de validación parlamentaria. Primero llegó la aprobación inicial en la Cámara de Diputados y luego el Senado la convirtió en ley. Ante el veto del Poder Ejecutivo, los legisladores de la Cámara baja volvieron al recinto y alcanzaron la mayoría especial de dos tercios para rechazar la decisión presidencial. El Senado replicó esa votación y logró la insistencia exitosa que obligó a promulgar la norma. Finalmente, cuando el Gobierno intentó derogar la ley mediante un artículo específico en el Presupuesto nacional, el Congreso rechazó ese apartado. Fue la quinta vez en el último tiempo que el Congreso de la Nación blindó los fondos.

EL LABERINTO JUDICIAL

Para entender cómo se llegó a esta situación, resulta fundamental repasar el laberinto judicial. El Gobierno utilizó una pirueta legal: dictó un decreto que promulga la ley, pero, en el mismo texto, suspende su aplicación. Esta maniobra desató una necesaria respuesta en los tribunales. Primero intervino la Primera Instancia: un juez federal analizó la demanda de las universidades y alertó sobre la urgencia del reclamo. Luego, el caso pasó a la Cámara de Apelaciones, donde tres magistrados revisaron la medida y confirmaron que el derecho a la educación no admite demoras.

En efecto, ambas instancias coincidieron en hacer lugar a una medida cautelar. En la práctica, la resolución ordena al Estado que envíe los fondos de inmediato mientras se debate la constitucionalidad del decreto. De lo contrario, si se espera al fallo definitivo, las universidades quedarán sin recursos para funcionar.

Hoy la disputa por la validez de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra en la Corte Suprema. “La desconexión con la realidad jurídica es tal que la Procuración del Tesoro solicitó la excusación de los jueces del máximo tribunal por el solo hecho de ser graduados o docentes de la educación pública. Magistrados como Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tienen extensas trayectorias académicas; el intento de apartarlos funciona como una maniobra para dilatar los tiempos de un sistema exhausto”, afirma Felipe Vega Terra, politólogo y director del Ciclo Básico Común (CBC).

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LA ASFIXIA EN NÚMEROS

La inversión en educación superior es un tobogán que hoy toca fondo. Si se observa la proporción sobre el Producto Bruto Interno, la caída es drástica: en 2012 se ubicó en el 0,82%, en 2016 pasó al 0,76%, en 2020 bajó al 0,68% y en 2024 se desplomó al 0,47%. Es el registro más bajo desde el retorno a la democracia.

La comparación regional revela una asimetría alarmante. Mientras la UBA sobrevive con US$ 1.123 anuales por alumno, la UNAM de México dispone de US$ 7.968 y la Universidad de San Pablo alcanza los US$ 15.000 por alumno.

Daniel Lutzky, politólogo y especialista en comunicación política, advierte que el arraigo es profundo: “La universidad es una institución inscripta en el imaginario argentino como un lugar de crecimiento social, una garantía de respetabilidad y de legitimidad en el ideario de crecimiento tanto personal como social en la Argentina desde hace mucho tiempo”. La postura presidencial, según Lutzky, responde a un patrón: “Está inscripto en la propia ideología dogmática de Milei que es antiinstitucional, que busca romper las instituciones que componen el sostén de legitimidad en la Argentina”.

Sobre la pluralidad de la institución, Vega Terra agrega: “Hay profesores que dan clases que son ministros, diputados de La Libertad Avanza, del PRO, y hay referentes políticos que han ocupado cargos en gobiernos del peronismo y del radicalismo. Justamente eso es una fortaleza que tiene la Universidad de Buenos Aires, y es el motivo por el cual es tan buena. Si se tuviera un acompañamiento de inversión pública, el cielo es el límite”.

El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, analiza la estrategia oficial y el intento de cambiar el eje de la discusión: “El Gobierno actúa en respuesta al contexto que enfrenta. Cuando inició el recorte a las universidades, estimó que iba a ser más fácil y se encontró con resistencia. Ante la marcha en defensa de la educación y la universidad pública, intentan instalar que el debate central es el salario docente, no docente y el presupuesto para gastos de funcionamiento”.

El politólogo y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, recuerda el clima social frente a la primera embestida oficial: “Al vetar el Presidente la ley en el segundo semestre del año pasado, casi dos de cada tres personas se manifestaron en contra. Se trata del tema puntual de fondo: el cumplimiento de la ley. La opinión pública se organiza de esa forma: un tercio a favor del veto y dos tercios en contra. La posición oficial representa una minoría”. Cree que la movilización golpea en un punto vulnerable: “La situación toma al Gobierno en un momento complejo, en un contexto de debilidad sobre la legitimidad del ajuste y la aprobación social. Es un tema caro al sentimiento de la sociedad argentina, que reconoce a la educación como el instrumento de movilidad social ascendente”