Los fracasos recurrentes en la reducción del gasto en el Gobierno de EE UU

Carlos Barolo

Desde la era de Ronald Reagan hasta la administración de Donald Trump, los esfuerzos por reducir el tamaño y la influencia del gobierno federal en Estados Unidos han tropezado repetidamente con la realidad política y burocrática. A pesar de los discursos altisonantes, las promesas de eficiencia y las iniciativas privadas para reducir el despilfarro, los intentos de reforma han fracasado estrepitosamente.

En 1994, la llamada “Revolución Republicana” liderada por Newt Gingrich logró un histórico control republicano del Congreso. Con el objetivo de adelgazar el aparato gubernamental, se propusieron acciones concretas, como la venta de edificios gubernamentales en desuso. Sin embargo, un edificio propuesto para la venta en aquel entonces sigue hoy vacío, oscuro y bajo control del Congreso, como un símbolo del inmovilismo federal.

Ray LaHood, excongresista republicano y secretario de Transporte durante el mandato de Barack Obama, resumió la batalla contra la burocracia con una frase lapidaria: “Están luchando contra la burocracia, y la burocracia siempre gana”. Incluso propuestas audaces, como la eliminación de la Oficina de Evaluación Tecnológica bajo el liderazgo de Gingrich, apenas dejaron una huella en la estructura estatal. El fracaso de las iniciativas de Reagan con la Comisión Grace es otro ejemplo del constante choque entre las promesas y la implementación. Aunque el comité identificó miles de recomendaciones para reducir el gasto, la mayoría quedaron olvidadas en los pasillos del Congreso. Al final de su mandato, la deuda nacional se había disparado y el tamaño del gobierno había crecido.

Durante la presidencia de Trump, se repitió el patrón. A pesar de su retórica incendiaria contra el “Estado profundo”, el gasto federal se disparó en su primer mandato. Trump, autodenominado “rey de la deuda”, añadió casi 8 billones de dólares al déficit nacional, impulsado por recortes fiscales y un aumento en el gasto militar y social.

La llegada de Elon Musk y Vivek Ramaswamy como líderes de un supuesto “Departamento de Eficiencia Gubernamental” bajo el mandato de Trump es solo la última iteración de esta lucha. Aunque con gran apoyo mediático y político, este departamento carece de poder real. Expertos, como Douglas Holtz-Eakin, han señalado que dicho departamento es poco más que un grupo de expertos sin autoridad para implementar cambios significativos.

El Congreso, con su poder sobre los presupuestos, sigue siendo el verdadero árbitro del gasto público. Incluso cuando Musk y Ramaswamy lograron bloquear temporalmente un proyecto de ley de gastos, el resultado final no representó una reducción significativa del gasto.

El gasto en programas sociales como Seguridad Social y Medicare, junto con un presupuesto militar de más de 800 mil millones de dólares, deja poco espacio para maniobras fiscales. Trump prometió no tocar estos programas ni reducir el gasto militar, lo que significa que las propuestas de ahorro se reducen a gestos simbólicos.

Keith Hall, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, advirtió que, a pesar de los discursos sobre eficiencia gubernamental, cualquier ahorro logrado sería eclipsado por los crecientes déficits derivados de los recortes fiscales aprobados durante el mandato de Trump.

Los intentos de reforma gubernamental en Estados Unidos siguen un ciclo predecible: promesas grandilocuentes, comisiones de expertos, informes detallados y, finalmente, el fracaso para implementar cambios reales. La burocracia, con su complejidad y sus protecciones institucionales, ha demostrado ser un adversario implacable.

La realidad es que reducir el tamaño del gobierno no solo requiere voluntad política, sino un sacrificio en áreas que pocos están dispuestos a tocar: los programas sociales y el gasto militar. Mientras estos sectores permanezcan intocables, cualquier esfuerzo por reformar el gasto federal será, en el mejor de los casos, cosmético y, en el peor, una distracción costosa.