Un exjuez va a juicio oral imputado por presuntos actos de corrupción

El ex juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui, detenido en una investigación que realizó la fiscal platense Betina Lacki, por los delitos de “asociación ilícita delitos en concurso real con ocho hechos de tráfico de influencias agravado y un hecho de cohecho pasivo agravado”, deberá enfrentar esas acusaciones en un juicio oral, luego de que operara el cierre de la etapa de instrucción.

En efecto, de acuerdo a fuentes judiciales, el juez de garantías Federico Guillermo Atencio fue quien avaló el cambio de instancia en el proceso, ya que, corrido el traslado de la requisitoria a la defensa del imputado, a cargo del abogado Alejandro Montone, este no se opuso a la medida y aceptó defenderse de los cargos en debate.

Los mismos voceros detallaron que el planteo de la representante del Ministerio Público, de más de 100 fojas, resultó circunstanciado en función de los elementos que logró recabar a lo largo de la pesquisa, en duros términos hacia la maniobra que le enrostró a Ordoqui, quien terminó siendo destituido de su cargo por un jury de enjuiciamiento, el 5 de septiembre de 2022, y apresado ese mismo día en un domicilio en la Zona Norte de la Ciudad.

Dentro de la estructura delictiva que le endilgan al exmagistrado, en el rol de jefe, también están involucrados, según la fiscal Lacki, su secretaria, tres abogados y un operador.

Para la fiscal Lacki, “tal como se ha sostenido a lo largo de la presente investigación, los actos de corrupción afectan negativamente el sistema de justicia, máxime teniendo en cuenta que los hechos investigados en esta causa se materializaron en beneficiar a delincuentes. Lastiman las bases mismas de la sociedad y destruyen el funcionamiento y la legitimidad del mismo”.

“La corrupción estructural -y no aislada- genera que todos los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, se convierten en bienes negociables. Y ello supone dos cosas: que el acceso al sistema de justicia se restringe a unos pocos, y que lo que debería ser igual para todos, se transforma en un bien privado. La corrupción privilegia las relaciones personales clandestinas por sobre los derechos impersonales que consagra el sistema legal formal propio del Estado de derecho”, agregó.

Seguidamente, mencionó que: “En los casos de corrupción estructural, conspira contra la investigación y sanción de los delitos. Y además socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia; así como contra el desarrollo integral de lo pueblos”.

“Los delitos vinculados con la corrupción se producen en contextos propios en los que impera la falta de publicidad, la absoluta opacidad, dejando víctimas difusas, y constituyendo acciones muy dañinas para el conjunto de la sociedad”, expresó la titular de la UFI 2.

“En efecto, estamos ante un hecho grave con características que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar riesgos procesales, (cfr. art. 148, primer párrafo del CPP), lo cual colijo a partir del escenario delictivo investigado donde se aprecia el claro desprestigio del Poder Judicial y sus integrantes, la minuciosa metodología encarrilada para lograr su cometido con el consecuente daño que genera en la administración de justicia las conductas de este tenor”, cerró.

En el expediente principal se investigó una banda mixta de policías corruptos y delincuentes polifuncionales que operó en La Plata desde el año 2008, con presunta protección judicial. En la causa fue condenado el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, y procesado el fiscal jubilado Tomas Moran, beneficiado por la Cámara Penal con un arresto domiciliario en su mansión de Parque Sicardi.