Una visita enmarcada en el proceso de toma de distancia de la Iglesia con Milei

“¿Puedo informar que tuvimos esta segunda reunión?”, inquirió Axel Kicillof antes de retirarse. “No hay problema”, contestó su interlocutor antes de estrecharle la mano. El Papa Francisco le terminaba de conceder al Gobernador, tras una primera audiencia protocolar, una hora adicional para dialogar sobre la situación social del país. Fuera de agenda, se transformó, acaso, en el gesto más potente surgido del encuentro en el Vaticano entre el dirigente peronista y el jefe de la Iglesia.

No habría que leer esa señal del Pontífice en clave de la interna que sacude al PJ de la que Kicillof es uno de los principales actores. Sí, en cambio, el hecho de recibir al gobernador bonaerense parecería inscribirse en un proceso cada vez más acelerado de toma de distancia de la Iglesia con las políticas económicas y sociales que aplica el presidente Javier Milei.

Desde aquél febrero cuando Francisco recibió al Presidente, transcurrieron apenas cuatro meses. Los suficientes como para que distintos sectores de la Iglesia se sumaran a los cuestionamientos que nunca dejaron de lado los curas villeros muy identificados con el kirchnerismo.

La bienvenida que le dio el Papa a Kicillof no podría estar ajena a ese diagnóstico crítico acentuado por al aumento de la pobreza. De hecho, el mandatario bonaerense viene cuestionando con dureza las políticas del gobierno libertario.

Para que ese gesto ocurriera, hubo un actor de peso, muy cercano a Francisco, que trabajó con ese objetivo. Víctor Manuel “Tucho” Fernández siempre fue un hombre de confianza de Francisco y desde que fue designado arzobispo de La Plata articuló muy buena sintonía con el Gobernador. Cuando se dispuso el traslado de “Tucho” al Vaticano, ese diálogo con Kicillof nunca se cortó. Fueron los buenos oficios del ex jefe de la Iglesia platense los que permitieron el encuentro con el Papa.

Aquellas señales críticas de la Iglesia hacia el gobierno de Milei parecen lejos de encontrar un freno. Anotarán otra muestra contundente en las próximas horas cuando en La Matanza el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, presida una misa junto a curas villeros como señal de desagravio a las mujeres que trabajan en los comedores y merenderos populares. Todo, en el marco de la polémica plagada de denuncias sobre el reparto de comida que protagonizan el Gobierno nacional y distintas organizaciones sociales.

Kicillof ya volvió al país y prepara un acto con mucho de simbólico. El 1 de julio iría a la Quinta de San Vicente para encabezar su propia actividad por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Aprovechará para inaugurar algunas obras que su gestión ejecutó en el museo, pero no se prevé movilización.

Esa decisión de liderar una actividad más bien escueta tendría relación con una movida que ese mismo día podría protagonizar Cristina Kirchner que por ahora carece de confirmación. En la Gobernación prefieren no aparecer rivalizando con el acto que lideraría la ex presidenta.

En forma paralela asoman definiciones ajenas que interesan al gobierno bonaerense. Una de ellas tiene que ver con la elección de autoridades del Comité Provincia del radicalismo.

La UCR piensa en adelantar los tiempos y convocar a la renovación de su conducción para finales del septiembre. Esa definición es importante no sólo para la vida interna del partido centenario: también despejará de incógnitas al Ejecutivo respecto de con qué interlocutores deberá negociar las cobertura de vacantes en organismos de enorme peso institucional como la Suprema Corte.

Los radicales deben definir el sucesor de Maximiliano Abad. El senador nacional no puede reelegir pero busca mantener el control partidario a través del ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. El armado de Facundo Manes amenaza con desafiarlo, por ahora, sin un candidato definido. Martín Lousteau empuja al diputado provincial Pablo Domenichini.

Nadie descarta que finalmente haya lista de unidad, pero las negociaciones aún no arrancaron.

El PRO tampoco puede salir de su interna. La pelea entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich parece haber ingresado en un camino sin retorno. Los macristas buscan desalojar del Consejo de la Magistratura y del directorio del Banco Provincia a dos dirigentes vinculados a la ministra de Seguridad. La resistencia a desocupar esos lugares es feroz.

En agosto, el PRO elegirá autoridades luego del traumático desalojo de la bullrichista Daniel Reich de la presidencia. Allí desembarcará, se prevé, el diputado nacional Cristian Ritondo.

El ex ministro de Seguridad puede que asuma un rol adicional: el de mantener la relación institucional con Kicillof. Para los macristas, siempre fue traumático tratar con el Gobernador. De hecho, el propio Macri se encargó de dinamitar acuerdos en los que habían avanzado sus propios legisladores.

Quizá esas dos definiciones estén frenando entendimientos para la cobertura de cargos institucionales vacantes en la Provincia y que acaso se posterguen para cuando tanto la UCR y el PRO tengan certificadas sus nuevas conducciones.