Delito juvenil en La Plata: un fenómeno que enciende las alarmas

La problemática de los menores y el delito no es nueva en la Ciudad. Hace años se viene gestando una situación altamente explosiva y preocupante, con un marcado crecimiento de las intervenciones policiales, la Justicia del Fuero en constante colisión con una realidad muy compleja y los institutos o centros de alojamiento en condiciones que distan de ser las ideales.

En ese escenario, con la criminalidad juvenil en alza, entendida como toda actividad que violenta la ley y el orden, al margen de que sus protagonistas, algunos de ellos tristemente célebres, siempre se encuentran en riesgo, los más perjudicados son los ciudadanos comunes, aquellos que sufren sus constantes embates y observan, absortos, cómo nadie le pone un freno a este verdadero drama social.

Se sabe que el tema de imputabilidad de los menores atraviesa una etapa de fuerte debate, con un proyecto de ley que acaba de ser enviado al Congreso por parte del Gobierno Nacional, el cual propone establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil, que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A su vez, también recaerá una sanción sobre aquellas personas mayores que actúen como instigadores.

También prevé la creación de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” para alojar a los detenidos menores de edad.

En esa línea, propone que se les comunique “la imputación y demás actos procesales” a los padres de los menores involucrados en delitos.

Por otro lado, la iniciativa hace especial énfasis en la protección de las víctimas. “El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, establece.

A la hora de las penas, para los hechos más graves, los que actualmente son sancionados con prisión perpetua, prevé un límite temporal de 20 años.

Sin embargo, como toda discusión de fondo en nuestro país, con voces y posturas tan diversas, que a veces parecen irreconciliables, se avizora que cualquier intento de reforma de la normativa vigente puede quedar atrapado en la telaraña de la controversia y no salir nunca de esa instancia.

Así, para los vecinos, el día a día no deja de ser un verdadero infierno. Porque nada cambia y los peligros de sufrir un embate contra su vida o bienes siguen latentes, son palpables y demostrables desde la experiencia y desde la estadística.

Según confiaron a este diario fuentes calificadas, La Plata tiene los registros más altos de detenciones de menores. Incluso por encima de La Matanza, San Martín y Lomas de Zamora, entre otros distritos calientes del Conurbano.

En 2023, de acuerdo a las cifras que arroja el informe anual de la Procuración bonaerense, en el análisis de las IPP iniciadas para el Fuero Juvenil por bien jurídico protegido, los mayores aumentos se detectan en los delitos contra la propiedad (20,7 por ciento) y, dentro de ese segmento, se registraron subas en todas las categorías, destacándose los robos simples (20,3 por ciento), los otros robos agravados (31,4 por ciento) y el conjunto de los hurtos (16,8 por ciento).

También puso a La Plata por encima de cualquier departamento judicial en cantidad de causas iniciadas contra menores, con 2.637.

LA REALIDAD, CRUDA Y DURA

En el esquema actual, una vez que un menor imputable es detenido, si la Justicia determina su alojamiento en un instituto, la Ciudad dispone de tres centros de contención, tres centros de recepción y ocho centros cerrados.

Los centros de contención están en 121 entre 33 y 34 (Hogar de Tránsito); en 3 entre 38 y 39 (el Pelletier, que es para mujeres) y en 224 y 520 (Gambier), que es para menores inimputables y menores de 16 años.

Los Centros de Recepción, por su parte, se encuentran en 63 entre 2 y 3; en 520 y 288, que está dentro del predio del Instituto Aráoz Alfaro y en 520 y 226, que funciona dentro del predio del Instituto Villa Nueva Esperanza.

En cuanto a los centros cerrados, se pueden enumerar el Almafuerte, situado en 520 y 183; el citado Aráoz Alfaro, en 520 y 228 y el instituto Villa Nueva Esperanza, en 520 y 226, que incluye los dispositivos Eva Perón, Copa, Castillito, Legarra, Pellegrini e Ibarra.

Un vocero refirió que “a un centro de recepción van generalmente los primarios que agarran en la calle, pero si después del comparendo judicial se dispone una medida de seguridad, caen en los cerrados. Y dentro de ellos tenés más y menos seguridad. El cerrado de mayor seguridad es el Almafuerte. Ahí están los menores más peligrosos de toda la Provincia de Buenos Aires”.

“La Justicia establece la medida que debe aplicarse, si al menor hay que ingresarlo en un centro de régimen cerrado o de contención y después internamente lo define el Departamento de Ubicaciones del Organismo de Niñez y Adolescencia, que funciona en la calle 63 entre 2 y 3”, indicó.

La misma persona citó que “el estado de todos los institutos es deplorable, con cloacas que se rebalsan y otras graves falencias estructurales. También presencia de ratas por falta de higiene. Digamos que son condiciones totalmente indignas, tanto para los trabajadores como para los alojados”.

“Son edificios muy viejos, sin ningún programa de mantenimiento”, aclaró.

El informante explicó que “se trata de un drama que lleva décadas y que se agudiza por la escasez de personal (ya que la mayoría termina con licencias psiquiátricas y fuera de contacto de menores por distintas razones) y los malos salarios, que potencian los actividades turbias con los internos o el exceso de horas extras, que después deriva en adicciones y consumos problemáticos”.

Cuando se habla de negocios sucios, no hace mucho estalló un verdadero escándalo, ya que, según una denuncia que llegó a manos de las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el Instituto Almafuerte de La Plata, que aloja menores de entre 16 y 21 años con causas penales pesadas, sería epicentro de situaciones lamentables tales como la venta de droga, el corretaje de pastillas y medicamentos, la planificación de fugas, el robo de mercadería y un descontrol con la certificación de horas extras.

Las sospechas apuntaron a un celador o asistente, que sería el que aparece en las grabaciones intercambiando mensajes con los detenidos.

“Pinta Droga” es el nombre del chat que quedó expuesto en esas imágenes.

Allí el asistente de minoridad lanzaba frases como “está tu coreo, qué onda turro, qué onda amigo, sí mañana voy, mañana voy, tengo una pelotita de tenis, más grande boludo, es una banda”, en referencia a una bocha de cocaína.

Finalmente, ante tamaña evidencia, ese asistente fue detenido por personal de la DDI La Plata y puesto a disposición de la Justicia.

Para que se tome real dimensión de la gravedad del tema, en lo que va de 2024, los que recorren los pasillos de estos centros de alojamiento, hablan de más 80 fugas, en promedio de una cada poco más de un día. Muchas de ellas arregladas.

Según versiones, el predio Villa Nueva Esperanza sería el que más evasiones registra.

También se habla de presuntas inconsistencias en los policías afectados al servicio de Horas Polad, para lo que es el perímetro de esos instituciones, ya que de lo que pasa puertas adentro no tienen ningún grado de incumbencia. De los internos se encargan los tutores, celadores o asistentes, sin armamento ni otro dispositivo de seguridad.

En ese sentido, un portavoz del área, que prefirió mantener su identidad en reserva por cuestiones lógicas, mencionó: “Te hacen pasar 15 oficiales por día afectados a esa custodia y por ahí, con suerte, encontrás tres”.

Precisamente, en la última fuga registrada en el instituto Almafuerte, hace poco más de 20 días, refirió que “en las planillas figuraban 10 Polad y había tres”.

PANDILLAS URBANAS

A diario, desde estas mismas páginas policiales, se informa a los platenses la impresionante cantidad de episodios delictivos con menores involucrados. Y la última tendencia está en las pandillas urbanas, esos grupos numerosos que irrumpen en cualquier punto de la Ciudad para hacer desmanes.

Los conocidos “Hermanos Macana” o los “Hermanos Piraña”, estarían quedando relegados por el surgimiento de estas patotas que salen a exteriorizar su furia en masa.

Incluso como requisito asociado al fenómeno, que tiene origen multicausal con fuerte basamento en la crisis educativa, social y de los sistemas de prevención y contención, además de una alta dependencia a las drogas, a los robos y destrozos que provocan, le agregan mucha red social.

Un ejemplo es la denominada “Banda del Rejunte”, que sale de madrugada a patear puertas, autos, hacer pintadas y a apoderarse de cuanto objeto se pueda, con posteos en vivo para mostrarse impunes, intocables.

Es que se sabe, si alguno cae, es muy raro que quede detenido y así estará listo para la “próxima aventura”.

UNA MIRADA CRÍTICA

Al mencionado proyecto de baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno Nacional, desde la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado con las siguientes consideraciones:

1) En marzo de 2019 La Red hizo un puntual señalamiento acerca del proyecto de ley que fuera enviado al Congreso de la Nación, en el marco del Programa “Justicia 2020”, que no solo impulsaba la derogación del decreto-ley 22.278, sino también su reemplazo por un nuevo modelo de responsabilidad penal juvenil, acorde al paradigma convencional de infancia que tiene jerarquía constitucional.

En esa misma ocasión, luego de señalar aspectos positivos de dicho proyecto de ley, adoptó una postura crítica con relación a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años, para los casos que se cometan delitos graves, poniéndose de relieve que dicha reforma política tendiente a ensanchar las fronteras de la punibilidad, no había sido suficientemente justificada en datos empíricos y que, a su vez, constituía una postura regresiva con el reconocimiento de los derechos fundamentales.

En otro orden, también se alertó acerca de la dificultad que conlleva proponer modificaciones sin hacer referencia a los recursos económicos que deben asignarse para la reconfiguración del sistema de infancia.

2) Desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses se advirtió que, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, “ha habido un preocupante retroceso”.

“Si bien está exenta de toda discusión la necesidad de promover una reforma legal sobre la temática, resulta de profunda inquietud el advertir que existe una cierta convergencia, en algunos sectores políticos, para avanzar aisladamente sobre la idea de bajar el piso de la punibilidad de los adolescentes, siendo ello una decisión todavía más regresiva, en términos de libertad, que la propuesta realizada en el año 2019”, comentaron.

3) “La Red de Jueces Penales considera imperioso hacer un llamado a la reflexión para que el recurso de la reforma legal, con el solo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, no se presente frente a la sociedad como la única y mejor respuesta frente al delito cometido por jóvenes infractores a la ley, porque a ciencia cierta sabemos positivamente que esa no es la solución”, manifestaron.

Como contrapartida, se preguntaron si no sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de Infancia y Adolescencia, a los fines de abordar ciertas conflictividades sociales que involucran a los jóvenes. Y más concretamente: “¿Cuál es el programa alimentario que existe desde el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son los índices de deserción escolar y cuáles son las medidas propuestas para promover su inserción en el sistema escolar? ¿Cuáles son las políticas de salud tendientes a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de sustancias tóxicas en los niños y jóvenes? ¿Existen suficientes comunidades terapéuticas para afrontar esta creciente problemática? ¿Cuáles son los programas de acompañamiento terapéutico desplegados de manera continua y efectiva a través de los Servicios Locales o Zonales de Promoción y de Protección de Derechos que permitan garantizar la escucha de los niños, niñas y adolescentes?”.

4) En definitiva, analizaron, “abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista”.

5) Por todo lo expuesto, concluyeron, “habiendo celebrado recientemente los 40 años de la restauración democrática, desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses creemos que –para afrontar con eficacia, sin desmedro de garantías, el acuciante problema de la inseguridad–, no debe invertirse el orden de los factores. La ampliación de los ámbitos de punibilidad, con relación a las y los jóvenes, no debería concebirse como la primera y principal decisión política en la materia. De lo contrario flaco favor haremos en homenajear el aniversario democrático, restringiendo o limitando inadecuadamente los ámbitos de libertad de las personas que, ciertamente, son las más desprotegidas y postergadas de nuestra comunidad”.

“En los institutos de menores en La Plata se convive 24 horas con la violencia. Hay peleas y fugas”

“El fenómeno del delito juvenil tiene origen multicausal y expone falencias por todos lados”