En Pergamino, la Defensoría Oficial presentó un amparo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la suspensión del pago de pensiones a ocho personas con graves problemas de salud. La acción fue firmada por Pablo Santamarina, defensor departamental, y Laura Vignaroli, titular de la Defensoría Civil 2, y recayó en el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de César Solazzi.
Los letrados solicitaron que el juez ordene la restitución inmediata de los beneficios en un plazo de 48 horas, al considerar que la suspensión fue “arbitraria”. En el escrito también se denunciaron violaciones al derecho de defensa, ya que los afectados “no fueron notificados con antelación” y se enteraron de la interrupción al intentar cobrar.
Según los relevamientos de la Defensoría, las personas afectadas atraviesan condiciones de pobreza extrema y discapacidades severas. En uno de los casos, una persona con cuadriplejia perdió su único ingreso; en otro, un padre y su hija “se alimentan una sola vez al día”.
La presentación busca no solo restituir los pagos de los ocho damnificados, sino también extender la medida a “todo el colectivo de personas con discapacidad” afectadas por la decisión del organismo. Los abogados subrayaron que la medida se aplicó sin una “auditoría médica previa y razonable” y acompañaron la demanda con informes sociales y pruebas documentales.
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