El conflicto laboral en la empresa IMO de Chivilcoy continúa generando preocupación entre los trabajadores y el gremio ATSA, luego de que el Ministerio de Trabajo local realizara una inspección en el establecimiento para verificar el cumplimiento de los pagos adeudados y las condiciones de empleo.
La visita, realizada ayer a la mañana, contó con la presencia de Fernando Gómez, referente local del sindicato de la salud, y concluyó con la labranza de una nueva infracción a la empresa por la falta de pago de haberes. Según se constató, solo se abonó el 50% del salario correspondiente al mes de agosto.
Entre las deudas pendientes figuran los sueldos de septiembre, el aguinaldo, los bonos no remunerativos de junio y julio, y el pago por el Día de la Sanidad, que por normativa corresponde a quienes se desempeñan en el sector.
Durante la inspección, representantes de la empresa se comprometieron a abonar el 50% del salario de septiembre antes de finalizar octubre, aunque no definieron un cronograma para regularizar el resto de las obligaciones. La falta de precisiones mantiene la incertidumbre entre los trabajadores y agrava el conflicto.
La situación se complica por la composición del plantel: cinco empleados están afiliados a ATSA, mientras que el resto trabaja bajo la figura de monotributistas, lo que limita su cobertura sindical y su acceso a mecanismos de reclamo y protección social.
En diálogo con este medio, Fernando Gómez expresó: “Venimos siguiendo de cerca esta situación. La empresa acumula deudas importantes y la paciencia de los trabajadores se está agotando. Vamos a mantener la movilización hasta que se regularicen los pagos y se respeten todos los derechos del personal”.
Desde la dirección de IMO señalaron que existe voluntad de cumplir parcialmente con los compromisos salariales, aunque los empleados cuestionan la falta de certezas y advierten sobre las consecuencias económicas que atraviesan tras varios meses de retrasos.
El Ministerio de Trabajo confirmó que continuará con las inspecciones y las medidas necesarias para garantizar que la clínica cumpla con sus obligaciones legales y salariales. Mientras tanto, los trabajadores —tanto afiliados como monotributistas— mantienen el estado de alerta y la movilización en reclamo de una solución definitiva.
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