Mar del Plata: avanza la emergencia en la recolección de residuos

La declaración de emergencia del servicio de recolección de residuos y la prórroga por al menos dos años del contrato con la empresa Transportes 9 de Julio obtuvo este jueves el primer visto bueno en el Concejo Deliberante de Mar del Plata.

Con los votos de concejales del PRO y la UCR, el interbloque oficialista aprobó la iniciativa por mayoría en la Comisión de Ambiente y dispuso su pase a la de Hacienda. Unión por la Patria rechazó la medida, mientras que Acción Marplatense y La Libertad Avanza se abstuvieron.

El gobierno de Guillermo Montenegro defendió la declaración como la única alternativa para garantizar la prestación del servicio. Según explicó, ante la finalización del contrato, el sindicato de camioneros reclamó a la concesionaria el pago de las indemnizaciones a todos los trabajadores, y la empresa trasladó ese planteo al municipio.

“El reclamo indemnizatorio formulado por la entidad gremial podría generar una alteración sobreviniente de los costos originalmente previstos en el contrato, que exceden los parámetros económicos sobre los cuales el municipio estructuró sus compromisos financieros”, se argumentó en el mensaje de elevación del proyecto.

La presidenta de la Comisión de Ambiente, Florencia Ranellucci (PRO), defendió la iniciativa: “Este expediente es fundamental para garantizar la salud pública y la calidad de vida de los vecinos. Es fundamental aprobar esta emergencia y darle este tiempo a todas las partes para que se puedan ordenar y sostener el bienestar de los marplatenses”.

Desde la oposición, Eva Ayala advirtió que no existen fundamentos legales para declarar la emergencia. Sostuvo que el municipio no enfrenta “un hecho de fuerza mayor, ajeno o imprevisible” y que tampoco hay “un riesgo cierto, grave, una amenaza a la comunidad en salud o seguridad”.

En esa línea, calificó la iniciativa como “una emergencia retórica, no real”. Y apuntó: “No tiene que ver con algo que no se pudo prever, sino con algo que se olvidaron de gestionar”. Según Ayala, el oficialismo busca con esta medida “eludir la licitación”. “No sabemos cuál es el plan de salida, el cronograma que se están planteando hacia adelante para finalmente regularizar el contrato más importante que tiene el municipio”, agregó.

Diego García (Unión por la Patria) coincidió con la crítica: “Seis años tuvo este intendente para presentar un nuevo pliego”, señaló, y cuestionó que con la nueva prórroga la definición quede en manos del próximo intendente en 2027. “Se están sacando el problema de encima, una vez más”, concluyó.

El expediente todavía debe pasar por las comisiones de Legislación y de Hacienda antes de llegar al recinto.