Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina

El gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, y solicitó que se rechace el pedido de desacato y sanciones económicas formulado por los fondos demandantes contra la República Argentina.

Según publicó Infobae, en un documento de 29 páginas, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los litigios contra Estados extranjeros en tribunales de ese país pueden tener implicancias en la política exterior y en el principio de reciprocidad judicial. El escrito afirma que la moción para aplicar sanciones de preclusión, inferencias adversas y multas pecuniarias por desacato “no se ajusta” a los principios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), y concluye que debe ser rechazada.

El planteo responde a una solicitud del fondo Burford Capital, beneficiario del fallo por 16.100 millones de dólares contra la Argentina por la forma en que se realizó la expropiación de YPF en 2012. En la etapa actual del proceso, centrada en el “discovery” o intercambio de pruebas, los demandantes sostienen que el país incumplió órdenes judiciales vinculadas a la entrega de información, incluidas comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios.

Burford Capital solicitó que se declare a la Argentina en “contempt of court” y que se imponga una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que cumpla con los requerimientos pendientes. También pidió una orden de preclusión para que el tribunal considere acreditado que determinadas entidades estatales —entre ellas el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF— actúan como “alter ego” del Estado, lo que podría facilitar eventuales embargos.

Según los demandantes, la Argentina no entregó información “off-channel”, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales de exfuncionarios y funcionarios actuales. Además, argumentan que la falta de cumplimiento impide identificar activos que podrían ser objeto de ejecución para cobrar la sentencia.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación informaron que, durante más de dos años, el Estado argentino realizó presentaciones periódicas en el marco del discovery y entregó más de 115.000 páginas de documentación. La defensa sostiene que existen límites legales y constitucionales para la divulgación de ciertos datos, especialmente aquellos vinculados a activos con inmunidad soberana.

En relación con el Banco Central, la Argentina presentó una declaración jurada en la que se afirma que se trata de una entidad autárquica e independiente y que el Tesoro no tiene acceso a información sensible sobre la localización de las reservas de oro. El Gobierno indicó que revelar esos datos podría afectar la política monetaria y la seguridad financiera.

La intervención del gobierno estadounidense no fue realizada bajo la figura de “amicus curiae”, sino como una presentación espontánea de interés por parte del Departamento de Justicia. En paralelo, la Argentina solicitó la suspensión del discovery, pedido que fue rechazado por el tribunal, y actualmente tramita una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

La jueza Preska deberá resolver si hace lugar al pedido de desacato y a la imposición de la multa diaria solicitada por los demandantes o si rechaza la moción en función de los argumentos presentados por la defensa argentina y el gobierno de Estados Unidos.