Proponen fijar límites salariales para intendentes y concejales bonaerenses

La diputada bonaerense Natalia Dziakowski, del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto de ley que busca poner límites a las dietas que perciben los intendentes y concejales de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a corregir lo que la legisladora define como una “situación injusta, inequitativa y desproporcionada” entre los sueldos de los funcionarios locales, los empleados públicos y los contribuyentes que los sostienen con sus impuestos.

“Las dietas percibidas por intendentes y concejales son un caso realmente paradojal, porque la inequidad se observa tanto respecto de otros empleados estatales como de los vecinos de cada municipio, que con sus impuestos financian lo que luego resulta una desproporcionada asignación de recursos”, señala Dziakowski en los fundamentos del proyecto.

La propuesta plantea modificar los artículos 92 y 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vigente desde hace décadas, para establecer dos topes salariales precisos:

- La dieta de un concejal no podrá superar el sueldo de un legislador bonaerense.

- La retribución de un intendente no podrá ser mayor que el salario mensual del gobernador de la provincia.

Con esos límites, la legisladora —perteneciente al GEN, dentro del radicalismo— busca fijar un criterio uniforme que elimine las amplias diferencias salariales entre los municipios, originadas en la manera en que se calculan las dietas de los ediles.

Según explicó, el valor actual de una dieta depende del número de concejales, del sueldo básico del escalafón administrativo más bajo y de los adicionales que perciben los empleados municipales. “Esa combinación genera que algunos distritos tengan dietas razonables y otros sueldos abultadísimos, sin una lógica de proporcionalidad con la función que se desempeña”, advirtió.

En los fundamentos del proyecto, Dziakowski señala que la disparidad “muchas veces genera verdaderas injusticias”, ya que en ciertos casos los sueldos resultan bajos en comparación con la responsabilidad institucional, mientras que en otros “son excesivamente altos y no guardan proporción alguna con la tarea desarrollada”.

El foco principal está en los intendentes, a quienes la diputada acusa de percibir “sueldos altísimos” que no se registran en ningún otro nivel del Estado. “Hay jefes comunales que cobran más que el propio gobernador e incluso que el presidente de la Nación”, afirmó.

La legisladora también advirtió que la normativa actual fija un piso salarial pero no establece un techo, lo que permite distorsiones generadas por bonificaciones y adicionales que los propios intendentes pueden decretar, incluso en beneficio de los trabajadores municipales. “El importe final del sueldo de un intendente termina dependiendo de múltiples factores discrecionales. Por eso proponemos un marco de equidad que establezca un tope razonable y transparente”, explicó.

Dziakowski sostuvo que su iniciativa responde a un reclamo social que se repite cada vez que se hacen públicos los haberes de los funcionarios locales. “Hay una demanda ciudadana fuerte por gestos de austeridad y responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Los vecinos quieren saber que sus representantes están comprometidos con la transparencia y con una administración justa de los recursos”, señaló.

La diputada aclaró que el objetivo no es “castigar” a los gobiernos locales, sino garantizar una proporción lógica y equitativa entre los distintos niveles del Estado. “No puede ser que haya intendentes que ganen más que un ministro provincial o que un concejal cobre como un legislador. La política debe dar señales claras de que entiende el contexto económico y social que atraviesan los bonaerenses”, enfatizó.

De aprobarse en la Legislatura, el proyecto obligará a todos los municipios a adecuar sus ordenanzas de cálculo de dietas en un plazo determinado y a publicar los montos actualizados en sus portales de transparencia. Además, prevé revisar adicionales y bonificaciones para evitar que los límites se eludan mediante mecanismos indirectos.

La iniciativa se inscribe en un debate que ya se da en varios distritos bonaerenses, donde las diferencias entre los ingresos de los funcionarios y el salario promedio local generan malestar. Algunos concejos deliberantes incluso impulsaron mociones para reducir sus propias dietas, aunque sin un marco normativo provincial que unifique criterios.

“No se trata de demagogia ni de castigar a nadie. Se trata de devolverle sentido a la función pública y de ordenar un sistema que, en muchos casos, se volvió opaco y desmesurado”, concluyó Dziakowski.

El debate recién comienza, pero el proyecto promete abrir una discusión que atravesará despachos de intendentes, concejales y legisladores en los próximos meses, en una provincia donde los números de la política vuelven a estar bajo la lupa.