AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado

La sala de feria de la Cámara en lo Penal Económico rechazó una queja de los supuestos testaferros de autoridades de la AFA, investigados por el origen de los fondos para comprar una casaquinta en Pilar y otros bienes. Así, la causa podrá continuar con medidas de prueba durante el receso judicial de enero.

El Tribunal de Apelaciones denegó la queja de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, contra la decisión del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien habilitó la feria judicial de enero para continuar tramitando la investigación.

En coincidencia con esta decisión, el juzgado en lo penal económico Nº 10, donde tramita la causa, recibió un informe de la empresa Edenor del que surge que con la tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano “se abonaron servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva”, según explicaron fuentes judiciales. Ese plástico tenía un gasto promedio mensual de unos 50 millones de pesos.

Esto se suma a un informe previo que dio cuenta de que la misma tarjeta fue utilizada para el pago de peajes de algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa. Ante este nuevo dato, Aguinsky le pidió a la empresa American Express que “de manera inmediata proceda a la suspensión preventiva de todos los débitos de la Tarjeta Corporativa” emitida a favor de Pantano.

LA DECISIÓN

Al dejar firme la habilitación de la feria judicial, la Cámara concluyó que “no se advierte que en el caso concreto, la decisión cause a la defensa un gravamen irreparable”. El fallo fue firmado por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes señalaron que no se expresó “algún agravio que explique en qué aspecto se dificulta el ejercicio del derecho de defensa o el control de la producción de las pruebas” por la continuidad del expediente durante enero.

Aguinsky había habilitado la feria ante la urgencia de avanzar con medidas de prueba en la investigación que busca determinar el origen del dinero con el que se compró la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y registrada a nombre de la sociedad Real Central SRL. Esa firma reconoce como dueños al monotributista Pantano y a su madre jubilada, Conte.

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También se intenta establecer quién pagó un lote de 54 autos de lujo y de colección valuados en casi 4 millones de dólares, que se encontraban guardados en un galpón de la propiedad, que además cuenta con helipuerto y caballerizas.

La defensa de ambos apeló la decisión del juez, que rechazó el planteo, y luego recurrió en queja ante la Cámara. El Tribunal denegó ese recurso y dejó firme la habilitación de la feria judicial para continuar con la investigación. Los camaristas advirtieron además que, pese a que sigue sin resolverse un conflicto sobre la competencia —si la causa continuará en Campana o en la Ciudad de Buenos Aires—, esa situación “no debe afectar” el avance de la pesquisa.

PRESUNTOS TESTAFERROS

En la causa se sospecha que Pantano y Conte podrían haber actuado como testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Las miradas apuntan al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La investigación explora una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA como delito precedente de un posterior lavado de dinero, que se habría concretado mediante la adquisición de propiedades y otros bienes a nombre de terceros.

Por eso resulta clave la prueba reunida en torno al uso de la tarjeta American Express de Pantano, cuyo resumen de cuenta llegaría a la AFA y sería abonado por la entidad. Además del pago de peajes, se investigan gastos en servicios de luz y de cable correspondientes a varias viviendas en distintos puntos del país, no solo la casaquinta de Villa Rosa.

DEBEN DAR UNA RESPUESTA

En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) inició una etapa de definiciones con impacto en el fútbol argentino. Con plazo hasta el 20 de enero, el organismo emplazó a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a brindar explicaciones formales sobre rubros contables globales que superan los 450 millones de dólares, incluidos en los balances de ambas entidades sin el nivel de detalle que, según la visión oficial, permitiría conocer su composición real.

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, explicó que se trata de partidas que aparecen de manera reiterada desde hace ocho años en los estados financieros y que fueron observadas sin que se hayan recibido respuestas concretas. Advirtió que, si las explicaciones no llegan o resultan insuficientes, se propondrá la designación de un veedor contable para revisar libros y documentación de la AFA y de la Liga Profesional, una herramienta prevista por la ley que no implica una intervención institucional.