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El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y redefine el rol del organismo. El objetivo es eliminar la intervención en los procesos productivos y reducir la burocracia en el sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la información del Gobierno nacional, el INV y los ministerios responsables elaboraron este marco luego de detectar que el sector arrastraba más de 1.200 normas, muchas de ellas dispersas y superpuestas, que generaban costos, demoras y pérdida de competitividad para las bodegas. La reforma establece un sistema basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia para los productores y demás actores de la cadena vitivinícola.
La decisión implica que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo —como la cosecha, la elaboración o el transporte— para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores.
Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta US$ 800 millones anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial.
El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.
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