Piden que se investigue por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia

La ex legisladora Elisa Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentaron una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de dinero, y otros ilícitos precedentes, por parte de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes podrían ser testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Según se indicó, Pantano y Conte son los dueños de Real Central SRL., una empresa que habría adquirido una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados. “La mencionada dirección correspondería, según surge de la información recabada, a una quinta de grandes dimensiones, donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, señala el texto de la presentación.

Entre las pruebas requeridas, Carrió, Yofe y Del Gaiso incluyen un tuit de Carlos Tévez, en el que se hace mención a todo lo denunciado:

“Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica. Para arribar a esa conclusión es necesario relatar algunos hechos que podrían aportar información para comprender las relaciones que los denunciados habrían construido con quien sería el dueño de la propiedad un importante dirigente del futbol argentino”, agrega.

En ese sentido, señalaron que “en enero de 2023, Pantano asumió como presidente de la empresa Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad, ex gerente general de Boca Juniors, en el negocio de los viñedos. Lucas Labbad es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol argentino y adquirió notoriedad por su desempeño como Gerente General del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici. En ese cargo asumió un rol central, gestionando áreas administrativas, contractuales y operativas, y manteniendo vínculos institucionales, con actores de peso del fútbol nacional e internacional. Su perfil se consolidó como el de un dirigente con fuerte impronta empresarial aplicado al ámbito deportivo. Tras su salida de Boca Juniors, Labbad continuó vinculado al ambiente futbolístico a través de distintos proyectos empresariales privados”, relata la denuncia presentada por Carrió, Yofe y Del Gaiso.

“La figura de Labbad adquiere particular relevancia respecto de Pantano pues su asociación e ingreso a la empresa vitivinícola Mendoza Wines S.A le habría permitido fortalecer y profundizar su posicionamiento en el mundo empresarial del futbol y, a su vez, esto lo llevo a ingresar a formar parte del entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino, que ya hemos mencionado. En conjunto, la participación de Labbad en estructuras corporativas vinculadas a actores del fútbol, su trayectoria institucional y su  rol en proyectos privados ubicados en zonas estratégicas permiten comprender su influencia y el alcance de su vinculo con Pantano en el cruce entre negocios y actividad futbolística. Reiteramos, la trayectoria de Lucas Labbad, su estructura de relaciones en el mundo del fútbol profesional y el vínculo con Pantano resulta muy clave para entender la expansión y el posicionamiento de este último, a tal punto de ser uno de los socios d e la empresa REAL CENTRAL S.R.L, que habría adquirido l a mencionada propiedad (de semejante tamaño y valor económico), supuestamente, para este importante dirigente”, explican los dirigentes de la Coalición Cívica.

“Así las cosas, no podemos ignorar que existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados (autos de colección y caballos de carrera) podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio "Chiqui" Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos”, apuntan.

La presentación señala que “la maniobra descripta constituye prima facie una operación de adquisición y disimulación de bienes provenientes de un ilícito penal, mediante la interposición de personas y uso de una estructura societaria para otorgarles apariencia de origen lícito. Ello encuadra en los verbos típicos de "adquirir" y "disimular" del art. 303 C.P., dado que Pantano y Conte habrían puesto en circulación bienes de origen ilícito ocultando su verdadero propietario y procedencia. Cabe destacar que el valor económico del inmueble en cuestión (sumado al incremento patrimonial no justificado de la sociedad) excede holgadamente el umbral de 150 salarios mínimos vitales y móviles exigido por la norma para configurar el delito, cumpliéndose así también con este requisito objetivo. Asimismo, conforme la reforma introducida por la Ley 26.683, el delito de lavado de activos es autónomo y no exige la plena prueba de un ilícito penal concreto y determinado que haya generado los fondos, sino la acreditación de indicadores vehementes de una actividad delictiva subyacente. En consecuencia, la existencia de serios  indicios de un origen espurio de los fondos es suficiente para habilitar la investigación por lavado, sin perjuicio de que se identifiquen y sancionen en su caso los delitos precedentes”.

Y agrega que “los antecedentes expuestos permiten sostener que los Sres. Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de l a persona jurídica Real Central S.R.L. como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado. La interposición de personas y la utilización de estructuras societarias ficticias para simular operaciones comerciales son típicas de las maniobras de lavado de activos, tal como lo han reconocido nuestros tribunales. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que la creación de un negocio jurídico simulado mediante testaferros (presentando como real una transacción que en verdad es falsa) constituye un indicador inequívoco de la actividad de lavado, dado que se busca disimular el origen ilícito de los bienes encubriendo al verdadero beneficiario”, sostiene la denuncia presentada por Carrió, Yofe y Del Gaiso.