Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan

Mendoza se convirtió en la primera provincia argentina en llevar a la Justicia a padres y tutores que no cumplen con el calendario oficial de vacunación de sus hijos. La decisión llega en un contexto sanitario delicado, marcado por el rebrote de sarampión y la muerte de al menos siete niños por tos convulsa en distintos puntos del país.

El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó que ya se realizaron las primeras diez denuncias formales. Los casos fueron derivados a la Justicia Civil, que cita a los adultos involucrados a una audiencia obligatoria. Allí, equipos sanitarios les explican los riesgos que implica mantener a los niños sin la protección que ofrecen las vacunas, no sólo para ellos sino para toda la comunidad.

La normativa vigente habilita a aplicar sanciones que incluyen multas de hasta 336 mil pesos y arrestos de hasta cinco días para quienes persistan en la negativa. El objetivo, según remarcan desde el Ministerio, no es punitivo sino preventivo: asegurar que los chicos reciban una cobertura que protege su vida y contribuye a sostener la inmunidad colectiva.

“El objetivo es que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, explicó Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones. La funcionaria señaló que el mayor déficit se da en la aplicación de las vacunas correspondientes a los 15 meses, una etapa en la que suelen espaciarse los controles de rutina.

En agosto Mendoza puso en marcha una reglamentación que obliga a denunciar judicialmente a padres, madres o cuidadores que incumplan el esquema oficial.

La ley nacional establece que las vacunas del calendario son obligatorias y gratuitas porque resguardan la salud pública. La resolución provincial retoma ese principio: la protección colectiva prevalece sobre decisiones individuales que puedan poner en riesgo a los menores y a la comunidad. Según el texto oficial, garantizar la aplicación de las vacunas “es una responsabilidad del Estado, más allá de la voluntad de los padres”.

La decisión llega en un contexto delicado por el rebrote de sarampión y tos convulsa