Las reformas penales y la advertencia desde la Provincia

La red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires pidió dialogar y ser consultada en la anunciada reforma del Código Penal de nuestro país que se impulsará en el Congreso Nacional, según se informó recientemente. Y si bien la entidad formuló una advertencia acerca de que “la inseguridad no se acaba con leyes más severas” y alertó sobre los riesgos en el palacio legislativo “de un tratamiento a libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado, tal como se viene planteando desde el propio gobierno”, en el comunicado expresó su preocupación acerca de que en el distrito bonaerense se registra una situación “mucho más acuciante”.

Las estadísticas oficiales en la Provincia, añaden, indican que según el Registro Único de detenidos, hacia 2024, se registraban 66.991 personas privadas de la libertad (62.387 en establecimientos penitenciarios). Y afirman que esta conclusión se traduce en “una de las tasas de prisionización más elevadas” que alcanza “una cifra de 376 cada 100 mil habitantes. Se trata del 52.3 por ciento del total de detenidos en el país”.

Agregaron que una tasa de convergencia entre plazas disponibles y cantidad de detenidos “requeriría una sostenida inversión de más de medio siglo”. Esto es así “porque la tasa de prisionización ha ido marcando un progresivo aumento desde el año 2012, cuando era de 198 detenidos por cada 100 mil, con registros anuales incrementales del orden del 9 por ciento. Así se pasó en diez años de un total de 31.303 personas privadas de su libertad a los 66.991 actuales”.

Advirtieron luego que “la propuesta de cambiar íntegramente un Código Penal que –con sus luces y sombras– ha regido el derecho penal argentino durante más de un siglo, también es necesario extenderla a esas reglas de reconocimiento que se consolidaron durante generaciones de juristas y jueces, a través de la doctrina y la jurisprudencia nacional”, rechazando de este modo que el proyecto tenga un “tratamiento exprés” o “se sancione de manera precipitada, sin haber escuchado la cantidad necesaria de expertos en la materia”.

La red de jueces se refirió también al espíritu que marca la tendencia a incrementar la severidad de un sistema punitivo, “abandonando por completo el programa resocializador que está inserto en nuestro programa constitucional”.

Se ha dicho también en esta columna –reflejando la opinión de consistentes especialistas- que debe consultarse a los juristas y penalistas más capacitados para impulsar las distintas reformas. Al mismo tiempo, muchas de esas personas sobradamente idóneas en materia penal no dejaron de formular en las últimas décadas severas críticas a la extrema benignidad de algunas normas de fondo y, también, de leyes penales procesales, ante el fenómeno creciente del delito en el país, que hoy mantiene a la mayor parte de la sociedad como virtual rehén de una delincuencia desatada.

En buena medida entonces que sean consultadas todas las partes por los legisladores nacionales –en este caso, nada menos que los operadores del sistema judicial más grande del país, como lo son los magistrados penales de la Provincia- y que entre todas las partes se logre plasmar un sistema que resulte ser tan eficaz como ajustado a la Constitución nacional.