Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Libertad Educativa, un texto de 169 artículos que plantea una transformación estructural del sistema educativo argentino. La iniciativa propone reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y establecer un nuevo marco legal basado en la libertad de enseñanza, el rol primario de las familias y la equiparación entre escuelas estatales y privadas.

La propuesta ya generó un debate profundo en el ámbito académico, sindical y político, y de aprobarse produciría cambios directos en la organización escolar, el financiamiento, el trabajo docente y la relación entre instituciones, familias y Estado.

De todos modos, es clave tener en cuenta que la Ley de Libertad Educativa marca el marco general, pero la aplicación concreta queda en manos de cada provincia. Los cambios pueden ser amplios, graduales o limitados, según las decisiones que adopte cada jurisdicción.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición del lugar que ocupa cada actor dentro del sistema educativo. La ley afirma que la familia es el “agente natural y primario” de la educación, con derecho preferente a orientar la formación de sus hijos conforme a sus convicciones.

El Estado, en cambio, aparece con un papel “subsidiario”: garantiza contenidos mínimos comunes, acceso universal, certificaciones y supervisión general, pero ya no se posiciona como el principal organizador del sistema ni como proveedor único de políticas educativas.

El texto también establece que, ante cualquier conflicto interpretativo, debe privilegiarse la solución más favorable al derecho de enseñar y aprender, reforzando la autonomía de las instituciones y de las familias.

MÁS AUTONOMÍA PARA LAS ESCUELAS

La Ley de Libertad Educativa propone un modelo en el cual las escuelas, tanto estatales como privadas, adquieren autonomía institucional ampliada. Esto implica: elaborar sus propios planes de estudio; definir calendarios escolares propios siempre que cumplan con las horas mínimas; establecer sus reglamentos internos de convivencia; y diseñar estrategias pedagógicas acordes a su proyecto.

En las escuelas privadas, el proyecto refuerza el concepto de “ideario”, que debe ser respetado por docentes, familias y autoridades. En las estatales, la autonomía se implementaría de forma gradual, pero incluye la posibilidad de participar en la selección del personal y administrar recursos institucionales.

El punto más transformador es la equiparación jurídica plena entre instituciones públicas y privadas, lo cual tiene efectos directos en materia de financiamiento, certificación de títulos y alcance de las políticas educativas.

HOMESCHOOLING Y VIRTUALIDAD

Otro de los cambios estructurales es el reconocimiento explícito de las formas alternativas de enseñanza, que incluyen:

• Educación en el hogar (homeschooling): los padres o tutores podrán impartir la educación básica en sus casas. El Estado no interviene en los métodos, contenidos o ritmos de enseñanza, siempre que los estudiantes acrediten aprendizajes mediante evaluaciones estandarizadas.

• Educación virtual o híbrida: se habilita la escolaridad mediada por plataformas digitales, incluso a través de instituciones del exterior, ampliando la gama de ofertas posibles.

• Registro no invasivo: las familias deberán inscribir a los estudiantes en un registro jurisdiccional, pero la ley prohíbe expresamente controles sobre la vida familiar o la orientación pedagógica seleccionada.

La acreditación de los aprendizajes se realizará exclusivamente mediante exámenes definidos a nivel nacional y administrados por cada jurisdicción. Esto configura un modelo donde la escolaridad deja de ser necesariamente presencial y centrada en instituciones.

VALES, BECAS Y APORTES OBLIGATORIOS

El proyecto introduce una reforma profunda del financiamiento educativo. Las jurisdicciones deberán implementar sistemas de aportes regulares a instituciones privadas y podrán utilizar instrumentos como: vales o bonos educativos; becas directas a las familias; créditos fiscales; y desgravaciones impositivas por gasto educativo. Es decir, el financiamiento ya no estará centrado en la estructura estatal sino en el estudiante, promoviendo la libre elección de escuela.

La ley también permite que las provincias establezcan topes a los aranceles escolares de las instituciones que reciben aportes, pero prohíbe retirar financiamiento como forma de sanción, salvo casos puntuales.

LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL

El proyecto declara a la Educación Básica como servicio esencial, lo que obliga a garantizar la prestación mínima del servicio aun durante medidas de fuerza. Esta definición podría impactar de manera directa en el ejercicio del derecho de huelga docente.

Además, se reformula la carrera docente: evaluación obligatoria cada cuatro años; estabilidad laboral vinculada al desempeño; formación continua como requisito para la permanencia; directores con mayor capacidad para seleccionar, evaluar y proponer la continuidad de los docentes; creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, encargado de articular estándares de calidad y capacitaciones.

En las escuelas estatales, el proyecto incorpora a las familias en la vida institucional mediante Consejos Escolares de Padres, que participarían incluso en la selección y remoción del equipo directivo.

EXAMEN NACIONAL

La ley propone una política de evaluación y transparencia más robusta:

• Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES): voluntario, individual y aplicado al finalizar el secundario. Servirá como orientación para estudios superiores, inserción laboral y para detectar estudiantes destacados de sectores vulnerables.

• Publicación anual de resultados por institución: el Ministerio deberá difundir, en un portal abierto, los resultados de las evaluaciones censales por cada escuela del país. Si bien se protegerá la identidad de estudiantes y docentes, la información permitirá comparar desempeños entre instituciones y orientar la elección de las familias.

Este sistema acerca a la Argentina a modelos de información educativa pública utilizados en otros países.

EDUCACIÓN SUPERIOR: FINANCIAMIENTO POR DESEMPEÑO

La ley también reforma aspectos de la educación superior: las universidades deberán someterse a procesos de evaluación externa cada 8 años; y se redefine la integración y funciones de la CONEAU, con mayor participación del Poder Ejecutivo.

El financiamiento a universidades nacionales se distribuirá según: número de estudiantes ajustados por carga académica; desempeño (egresados y producción científica); programas específicos mediante contratos-programa.

Este esquema reemplaza el modelo actual, más centrado en presupuestos históricos y negociaciones anuales.

CÓMO IMPACTARÍA EN LAS ESCUELAS DE LA Región

En la región de La Plata —que combina una red sólida de escuelas estatales, una presencia histórica de instituciones privadas y una amplia oferta universitaria— los cambios se sentirían en varios niveles:

- Mayor diversidad de ofertas educativas: proyectos alternativos, homeschooling y programas virtuales podrían captar parte de la matrícula local.

- Competencia entre instituciones: la publicación de resultados y los sistemas de vales podrían modificar patrones de elección familiar, especialmente en barrios donde conviven escuelas con distintos niveles de desempeño.

- Reorganización administrativa en escuelas estatales: directores con más poder de gestión y padres con mayor participación formal podrían alterar dinámicas internas tradicionales.

- Financiamiento mixto: muchas escuelas privadas del Gran La Plata, que hoy reciben aportes parciales, podrían acceder a nuevos mecanismos de financiación.

- Impacto en el trabajo docente: evaluaciones periódicas, cambios en los concursos y mayor movilidad entre instituciones demandarán nuevas formas de planificación profesional.

- Reconfiguración del sistema universitario local: la UNLP podría quedar sujeta a un esquema de financiamiento basado en desempeño y en número efectivo de estudiantes activos.

UNA AMPLIA RECONFIGURACIÓN

La Ley de Libertad Educativa proyecta una reconfiguración profunda del sistema educativo argentino, apoyada en la libertad de elección, la autonomía institucional y el financiamiento por demanda. Si avanza en el Congreso, no solo modificará la estructura legal vigente: también cambiará la manera en que estudian los alumnos, cómo se organizan las escuelas y cómo se define la carrera docente. En ciudades universitarias y educativas como La Plata, sus efectos podrían sentirse de forma particular en todos los niveles del sistema.