A la Corte por decreto: García Mansilla y Lijo, integrantes de la Corte Suprema

Finalmente, el Gobierno del presidente Javier Milei designa por decreto -sería publicado en el Boletín Oficial de hoy- en la Corte Suprema de Justicia, al juez Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla “hasta la finalización del próximo período legislativo”, es decir en comisión por un año, el tiempo límite de autorización para este modo de nombramiento.

Así lo anunció el Gobierno en un comunicado, donde estableció que la decisión se tomó para “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, que no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”. Y aseguró: “Esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, añadió.

Mientras, hubo una fuerte reacción de la mayoría de la oposición en contra de la decisión, que podría terminar, paradójicamente, en la Justicia.

La administración libertaria sostuvo que “no toleraremos que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia”.

De este modo, el Gobierno designó a ambos juristas en comisión y trató de justificar el por qué: “El 20 de marzo de 2024, el Presidente comunicó su decisión de nominar a García-Mansilla y Lijo, y enviar sus pliegos al Senado para su correspondiente acuerdo como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, consignó la Oficina del Presidente.

Y evocó que “posteriormente, el 15 de abril del mismo año, el Poder Ejecutivo cumplió con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de estos candidatos, dando amplia difusión a sus antecedentes curriculares. En esa misma línea, se iniciaron los expedientes administrativos para dar curso a los procedimientos de consulta participación ciudadana correspondientes a cada una de las candidaturas”.

“Habiendo cumplido con todos los requisitos procedimentales, el 27 de mayo del año pasado esta administración remitió al Senado los mensajes correspondientes para solicitar el acuerdo de ambos candidatos”, añadió. Y recordó que “tras cumplirse las audiencias de Lijo, el 21 de agosto, y de García-Mansilla, el 28 del mismo mes, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado”.

No descartan repetir la misma mecánica dentro de 12 meses si el Senado no aprueba los pliegos

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el periodo ordinario, el Presidente optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el Presidente”, aclaró el Gobierno.

Argumentó que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio”, reprochó. Y señaló que no hubo acompañamiento legislativo “a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”. También se apoyó en el “artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema”.

El antecedente más reciente de una iniciativa de estas características es el de Rosenkrantz y Rosatti, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri, pero que finalmente asumieron con el acuerdo del Senado durante 2016.

La Casa Rosada le reprocha al Senado que en su momento prestó acuerdo a los candidatos para la Corte Suprema de Néstor Kirchner (en alusión a Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni).

El oficialismo adelantó que buscará conseguir las mayorías para nombrarlos de manera permanente en el Máximo Tribunal. Si no lo consigue, advierten que volverán a repetir el mismo procedimiento dentro de 12 meses.