El fiscal pidió pruebas sobre los acusados

El fiscal federal Franco Picardi pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que incorpore a la demanda por sedición que presentó a raíz de los incidentes en la marcha de jubilados el miércoles último evidencia relativa a las acusaciones.

Por ejemplo, los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barra bravas en el Congreso Nacional y toda documentación y/o información disponible.

Picardi abrió una investigación en base a la denuncia que presentó el funcionario Fernando Soto, por mandato de la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, luego que el juez federal Sebastián Casanello le delegó la causa, informaron fuentes judiciales.

En ese sentido, en un dictamen firmado en la tarde del viernes, el fiscal requirió al Ministerio que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría, según se menciona en la denuncia.Picardi requirió además los “registros completos” de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional.

En esas comunicaciones “se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de “barras bravas de diversos clubes” ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación mencionada”.

Además solicitó que el Ministerio de Seguridad aporte “informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los “supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas”, como se menciona en la denuncia.

En concreto aquellas evidencias “ en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.

La fiscalía reclama además “registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el “principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti”.

La denuncia del Gobierno es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.