El Estado, con sus tres poderes, sigue sin hacer nada con los menores y el delito

En solo cuatro días tres menores, dos de ellos que tienen entre 10 y 12 años de edad y que resultaron detenidos por la policía por robar un kiosco en plaza Moreno, debieron ser restituidos a su familia de inmediato. Se reiteró así lo que había ocurrido el viernes pasado, ya que esos mismos chicos habían vandalizado y asaltado un colegio de la zona de Los Hornos: fueron detenidos y llevados a la comisaría, para ser también devueltos a sus padres ese mismo día por su condición de inimputables.

Tal como se publicó ayer en este diario, el caso volvió a poner en evidencia no sólo la preocupante escalada del delito juvenil en la Región, con chicos cada vez más pequeños involucrados en acciones delictivas, sino la impotencia del Estado, en sus tres poderes, para enfocar y resolver esta cuestión que tiene, desde luego, condicionantes sociales ciertamente dramáticos.

Tras la intervención policial y de la fiscalía, se ordenó que los menores, al ser inimputables, fueran entregados a sus padres. Los tres chicos demorados fueron identificados como dos hermanos -de 10 y 12 años- y otro también de 10, todos domiciliados en las inmediaciones de la megatoma de Los Hornos. Voceros confiaron que ninguno poseía documentación al momento del procedimiento.

Como se ha dicho ya tantas veces, episodios como los ocurridos estos días exponen un problema que es crítico y que se reitera en la Ciudad, relacionado al involucramiento de niños de muy corta edad en hechos de robo, muchas veces actuando en grupo y con una logística propia de bandas organizadas. Está claro que la inimputabilidad que poseen impide avanzar en procesos judiciales tradicionales y limita las respuestas del sistema penal.

Más allá de las reformas que se impulsan en la Argentina para bajar la edad de los menores, en un tema que los legisladores nacionales debieran definir alguna vez, está claro que el Estado no encuentra fórmulas para mitigar el fenómeno de la delincuencia juvenil. O está de manos atadas, por motivos que no halla justificación alguna, o carece de capacidad institucional para encontrar puertas de salida para un problema asistencial que es perentorio y que no admite más demoras para ser enfocado y resuelto.

La puerta giratoria no debiera ser la vía de escape del Estado para no hacer nada y dejar las cosas como están. Es preciso que la Provincia y todo el país cuenten con políticas preventivas y de inclusión integral de los menores para alejarlos del delito. La población adulta también merece una mayor defensión por parte de los organismos de seguridad.

Existen iniciativas en curso y políticas posibles –se habla de actividades educativas, culturales y deportivas, entre otras, entre las que no puede faltar la de un mejor asistencialismo económico- que resultan muy positivas. Lo que no debe admitirse es que el Estado siga sin hacer nada, indefinidamente y cruzado de brazos.